Los reducidos espacios de tiempo entre la publicación en Panamá Compra de un acto público para la presentación de ofertas y las limitaciones para los empresas interesadas crearon desconfianza en un sector de la sociedad que ve el proceso como un acto “amañado con nombre y apellido”.
Incluso, la percepción surge de las propias filas del Partido Panameñista.
El diputado y exministro de Obras Públicas José Antonio Domínguez destacó que “quieren hacer ver que supuestamente los procesos son transparentes, cuando realmente son oscuros. Muchos tienen nombre y apellido”.
Domínguez reveló que ha recibido información de que muchas empresas no participarán en las convocatorias vigentes por la serie de requisitos exigidos, imposibles de cumplir, principalmente para las nacionales.
Sobre las limitaciones exigidas en los pliegos de cargo, el diputado se quejó del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por el proyecto de ampliación del “Corredor de los Pobres”.
Para el proyecto, Domínguez anticipó que exigen requerimientos especiales que no todas las empresas pueden obtener. “Son maquinarias que para ningún otro proyecto se habían pedido antes”, dijo.
“Yo entiendo que son sistemas de licitación heredados, pero no significa que tengan que seguirlos”, discrepó.
Otro que insistió en el modelo “torcido” de licitación fue el dirigente civil Mauro Zúñiga.
“Yo insisto en que la misma política del gobierno anterior la está manteniendo este gobierno en el mismo tema. Incluso, los pliegos de cargo se ajustan a los requerimientos de cada una de estas empresas; no hemos avanzado”, planteó.
El médico cree que en la gestión de gobierno de Juan Carlos Varela existe preferencia que desanima a un grupo de empresarios.
Para corregir el problema, con génesis en la Ley 22 de 2006, el diputado panameñista adelantó que realiza gestiones con el director de contrataciones públicas para presentar un borrador que permita modificaciones a la ley y manejarla de manera más eficiente, que permita una verdadera transparencia en precio y calidad.
Las inquietudes surgen por el tiempo récord que usan algunas dependencias del Estado para llevar adelante actos públicos, como es el caso de Tocumen S.A.
El caso más notorio es la licitación publicada el 15 de junio y cuyo cierre para la presentación de propuestas para el diseño y rehabilitación de servicios higiénicos será el 19 del mes corriente.
Para los especialistas, el tiempo solo cumple con el principio legal, pero no con el ético.
Las empresas disponen de poco tiempo para analizar los pliegos de cargo y requerimientos para presentar una propuesta.
