La "poca urgencia" con que las autoridades han tratado los casos de violencia doméstica contra las mujeres se ha convertido en una de las principales amenazas que atentan contra el derecho a la vida de todos y todas, pues sus agresores, en la mayoría de los casos, permanecen impune.
Lo anterior fue planteado por el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, quien agregó que según datos estadísticos de la Defensoría del Pueblo, del 2000-2008 al menos 200 mujeres fueron asesinadas por motivos relacionados al género.
"Esta situación requiere que el Estado mejore los esfuerzos de justicia ante estos casos alarmantes que han ido en aumento", agregó el funcionario.
Vargas aseguró que al igual que los femicidios, la discriminación laboral, la explotación sexual y las violaciones se han convertido en los principales delitos denunciados por las mujeres.
En ese sentido mencionó que resulta sensitiva la violación de los derechos de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez, las cuales son despedidas en abierta violación a las normas legales, siendo las más desprotegidas las servidoras públicas.
El ombudsman se refirió a la violación del derecho a las mujeres en la participación política, ya que del 16.7% que actualmente ocupa un sitio en la Asamblea Nacional se estima que para el próximo quinquenio sólo un 9% de ellas aspire a un cargo de elección popular en calidad de principales.
Una característica constante en muchos de los casos es que las mujeres agredidas tenían boleta de protección contra el agresor.
