Meilán explicó que de las cinco empresas que presentaron dispensadores descalibrados en contra de los consumidores, sólo los representantes de una estación se presentaron a formular sus descargos, por lo que se está en proceso de revisar la información para determinar la sanción.
"Estamos esperando que las demás compañías señaladas se presenten a formular sus descargos para tener todos los elementos de juicio para emitir un fallo", añadió.
En total se detectaron 12 estaciones de combustible con prácticas anómalas. De éstas cinco estaban descalibradas a favor de la gasolineras y siete no tenía los precios a la vista o el precio no concordaba al momento de despachar.
La Autoridad revisó 39 estaciones y 701 dispensadores y 131 tanques de depósito.
Por otro lado, el pleno de la Asamblea Nacional inició la discusión en segundo debate del proyecto de ley con el cual se busca regular y restringir la venta de autos usados, a pesar de las objeciones de los vendedores de estos vehículos que aseguran que la norma busca beneficiar a quienes venden autos nuevos.
La norma establece restricciones como un límite de antigüedad de tres años para que un vehículo usado pueda ingresar al país. Además se hace obligatoria la expedición de un documento desde el país de origen, que garantice una normal emisión de gases.
El proyecto impide también el ingreso de vehículos usados cuando en sus respectivos países de origen hayan sido afectados por inundaciones. La norma no será aplicable si el vehículo es introducido por una persona para uso particular.
En este sentido, Meilán, expresó ayer su respaldo al documento, al menos en lo que respecta a garantizar los derechos de los compradores.
Los comerciantes que se dedican a la venta de autos usados rechazan el proyecto de ley que establece un límite de tres años de antiguedad para los autos usados pueden ingresar el país.
El Ministerio de Comercio e Industrias tendrá que verificar si el proyecto afecta la venta de autos usudos, porque lo que a la Autoridad del Consumidor respecta la iniciativa contiene medidas que protegen al comprados de vehículos de segunda mano, dijo Meilán.
