La directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), María Cristina González, anunció que próximamente se habilitará un periodo de moratoria, para que todos los extranjeros que tienen más de 10 años en el país puedan aplicar por la residencia.
Aseguró que en este proceso podrán participar "los que pueden y no los que quieren", ya que también se tomará en cuenta a los que poseen hijos panameños y a quienes cuentan con la condición legal de optar por la residencia.
¿Ilegales? Estadísticas de Migración muestran que únicamente, entre colombianos, hay un total de 285,393 que entraron al país entre el 2004 y 2010, pero no salieron, por lo que la entidad desconoce en estos momentos cuál es su estatus.
Estas cifras preliminares arrojan la entrada legal de un millón 956 mil 930 colombianos, sin embargo, solo se contabilizó la salida de un millón 671 mil 537 personas.
Pero los colombianos no son los únicos. Los informes migratorios también revelan que 86 mil 815 venezolanos; 70 mil 793 costarricenses; 27 mil 651 mexicanos y 34 mil 586 argentinos, permanecen en el país, sin verificación de las autoridades.
Ante esta situación, González advirtió que aquellas personas que no apliquen y se mantengan de forma ilegal, serán deportadas.
El presidente Ricardo Martinelli anunció en Colombia, hace dos semanas, que realizaría un programa de "reinserción y legalización de cientos de miles de colombianos indocumentados que permanecen en Panamá".
No obstante, ante las críticas de la población aclaró que se realizará un censo para "la posible regularización” de estas personas.
Controles.
González aseguró que los sistemas de captación de personas con alto perfil delictivo, están “siendo mejorados”.
Manifestó que están estableciendo un nuevo sistema biométrico nacional, que detecta a los ciudadanos incluidos en las alertas internacionales, para que sean deportados a su país de origen.
Con el sistema biométrico se verifica la identidad de la persona, por medio de sus huellas dactilares y no sólo por su cédula de identidad o su pasaporte.
El Ministerio de Gobierno y Justicia adquirió por 7 millones 339 mil 313 dólares este sistema, bajo la contratación directa de la empresa Data Security Solutions, S.A (DSSSA).
A pesar de estos controles, esta misma semana Migración informó que un colombiano “burló los controles migratorios”, ya que el año pasado también fue deportado por ser ilegal.
Actualmente, ocho ex funcionarios de Migración son investigados por las autoridades, por supuestamente “negociar” la entrada al país de personas con alto perfil delictivo. La acción irregular se basaba en bajar y subir las restricciones migratorias.
