Como otro Crisol de Razas que no tiene fecha de culminación, fue calificado el decreto ejecutivo que permite a extranjeros pasar por un nuevo proceso de regulación migratoria.
Ayer miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA), como Luciano Yanes e Indira Polo, denunciaron una clara improvisación.
Yanes afirmó que esto termina acalorando la situación, y no están en desacuerdo con el extranjero, sino con las políticas adoptadas, las cuales a su juicio afectan al extranjero que realmente llegó a Panamá.
"Nosotros somos 3.5 millones de habitantes mal contados y hay 1.2 millones de extranjeros mal contados", criticó el jurista, al afirmar que se envía un mal el mensaje y estimula el juegavivo.
Agregó que muchos extranjeros que llegan al país afectan el empleo de los panameños, y los pequeños comerciantes.
Incluso que esto ha causado el repudio de la ciudadanía por señalar que acoge a extranjeros en cualquier categoría.
Por su parte, Indira Polo señaló que colateralmente este decreto traerá criminalidad y saturación y abuso de los servicios básicos, como el de salud.
En el Decreto Ejecutivo número 167 del 3 de junio de 2016, sobre regularización migratoria, varios sectores consideran violatorio a los derechos humanos.
No obstante, el Gobierno ha afirmado que no se trata de un proceso de regulación como el Crisol de Razas, sino que los extranjeros deban obligatoriamente estar inscritos en la Caja de Seguro Social (CSS) o declarar sus impuestos.
Incluso quedó establecido en este decreto los costos del proceso de regularización migratoria que dependerán de la nacionalidad del extranjero.
A su vez, de que los menores de 12 años ni los adultos mayores de 85 años deban pagar por el trámite.
El Gobierno ha explicado que el 80% del dinero recaudado irá al Ministerio de la Presidencia al reglón de ayuda social y seguridad, además de que el 20% restante vaya al recurso humano del Servicio Nacional de Migración.
