El Proyecto de Ley Orgánica del Servicio de Protección Institucional que fue presentado a la Asamblea Legislativa, busca eliminar la "guardia pretoriana" que creó el expresidente Guillermo Endara con el decreto de gabinete 42 de 1990, afirmó el director del SPI, Luis Varcacía.
Indicó que el decreto que rige el SPI ordena a esta institución obedecer al presidente de la República, aún cuando éste haya sido enjuiciado y destituido de su puesto por la Asamblea Legislativa, lo que atenta contra la democracia.
Recordó que el decreto 42 señala que "el Servicio de Protección Institucional tendrá las funciones específicas de Guardia Presidencial y mantendrá la seguridad personal del presidente de la República en todas las circunstancias", entre otras funciones.
Añadió que el mismo decreto sostiene que el SPI funcionará bajo la autoridad y dependencia del Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia.
Sostuvo que el citado decreto no dice por ninguna parte que el SPI tiene que estar sometido al orden constitucional, sino que habla de que debe garantizar la seguridad del mandatario "en todas las circunstancias", aún cuando éste haya sido enjuiciado y se niegue a abandonar el poder.
Añadió que el proyecto de ley que será debatido en marzo- señala que el SPI actúa subordinado al poder público "legítimamente constituido" con el fin de garantizar la preservación del orden constitucional, la paz y la seguridad ciudadana en observancia con la Constitución Nacional.
Varcacía insistió en la necesidad de aprobar la Ley Orgánica del SPI, ya que en caso de que el mandatario de turno decida desconocer la Constitución a esta organización policial no le quedará otro remedio que seguirlo y brindarle seguridad.
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