La audiencia de control por el caso de los 353 indultos que fueron otorgados por el expresidente Riccardo Martinelli presentó este lunes tres actos de nulidad, que -a juicio del equipo de defensa- existen dentro de este expediente.
En la audiencia, el abogado Carlos Carrillo resaltó en primera instancia que no existe constancia o no se ha hecho el trámite de desafuero de Martinelli ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), algo imperativo, en virtud de ser diputado de este organismo internacional.
Como segundo punto, se recordó que los actos revocados por la propia autoridad ya fenecen en el mundo jurídico, y están todas las certificaciones de fiscalías y juzgados, que prueban que esos decretos de indultos jamás tuvieron ningún efecto en la vida jurídica, y no hay nadie afectado.
Mientras que como tercer recurso de nulidad, se alegó que la asignación o señalamientos del magistrado juez de Garantías y el magistrado Fiscal, viola el concepto del tribunal competente en la independencia que deben tener por el trámite dispuesto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El abogado Carrillo mencionó “en el momento oportuno” estos recursos serán debatidos, de conformidad a lo dispuesto por el Código Procesal Penal.
Sustracción de materia
Por su parte la abogada Alma Cortés, también parte de la defensa de Martinelli, puntualizó que los indultos que son objeto de investigación, siendo que fueron revocados por el propio presidente Juan Carlos Varela, se constituyen en “sustracción de materia”.
“Nos encontramos en una situación donde hay total inseguridad jurídica”, dijo Cortés, al tiempo que lamentó que el Gobierno de Varela gaste recursos del Estado en estos procesos, donde “al final se impondrá la razón jurídica”.
Audiencia de imputación
En medio de este panorama, el juez de Garantías, José Ayú Prado, aceptando la petición del Magistrado Fiscal, Abel Augusto Zamorano, fijó la audiencia de imputación para el 10 de mayo a las 9:00 a.m., en el salón de Casación del Palacio de Justicia Gil Ponce.
Ayú Prado también dispuso no ordenar el archivo de la causa penal como lo había solicitado la defensa del expresidente Martinelli.
