Los altos índices de criminalidad y violencia revelan que es impostergable la adopción de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, expresó el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.
Explicó que esta política debe elevarse a tema de Estado, porque haría parte de la política pública en materia criminal, penitenciaria y migratoria.
Sostuvo que la política pública en seguridad ciudadana constituiría el eje para la atención a las víctimas de delitos, tomar medidas específicas para los grupos vulnerables de la sociedad, así como para la mayor profesionalización y modernización de las fuerzas policiales y la efectiva regulación y control de las armas de fuego, entre otros aspectos.
El Ombusdman reconoció los últimos esfuerzos hechos por las autoridades en la lucha contra el crimen.
