La Defensoría del Pueblo solicitó una explicación al Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), de los motivos por los que no se le brindó atención a las 1,055 nuevas personas a quienes se les entregó medicinas contaminadas con dietilenglicol.
A través de una nota enviada por el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, se exige a ambas instituciones que expliquen por qué se omitió informar de estos posibles casos, información que mantenían desde hace más de un año.
También, la Defensoría del Pueblo dispuso elaborar un protocolo de atención para la protección de la salud de los pacientes afectados por el tóxico.
La medida tiene como objeto que los pacientes envenenados por este tóxico presenten quejas por casos de mala atención, retraso en las citas para especialidades, pruebas de laboratorio y medicamentos.
Aún el Instituto de Medicina Legal (IMEL) debe analizar 3,074 frascos contaminados.
