Luego del traslado de 164 detenidos de la cárcel pública de La Chorrera hacia el centro penitenciario La Joya y hacia la cárcel de Colón, la Defensoría del Pueblo anunció una serie de inspecciones para el próximo viernes.
El traslado de reclusos realizado ayer se dio bajo estrictas medidas de seguridad, pues los tres buses donde viajaban los detenidos eran custodiados por una patrulla de tránsito y por ocho vehículos con unidades fuertemente armadas.
Frente al cuartel, familiares de los detenidos con bolsas de ropa que no tuvieron tiempo de entregar, lloraban la partida.
Entre tanto, Ricardo Vargas, primer adjunto del Defensor del Pueblo, informó que visitarán la cárcel La Joya, para conocer las condiciones en las que están ahora los detenidos, y confirmar si fueron trasladados a los nuevos pabellones 13 y 14 como lo sugirió al Ministerio de Gobierno y Justicia.
Vargas dijo que hoy se reunirán con miembros de la Sociedad Civil para trabajar en una mesa que desea impulsar la puesta en ejecución de la Ley 55 de 2003, que reorganiza el sistema penitenciario nacional.
Señaló que para la Defensoría del Pueblo es positivo que el Ministerio de Gobierno, a través del Sistema Penitenciario, haya acogido la recomendación de trasladar a los reclusos a otras cárceles.
Por otra parte, familiares del recluso Santana Toribio solicitaron una medida cautelar a su favor, pues el joven padece de un cáncer terminal y, a pesar de llevar dos años detenido en la cárcel de La Chorrera, no ha sido condenado.
Gladys Toribio, hermana del recluso, dijo que debido al grave problema de salud que padece Santana, quien fue desahuciado, pidió en noviembre una medida cautelar, pero hasta la fecha no le han dado respuesta.
Agregó que producto de la metástasis, Santana tiene un tumor en la pierna. Además, sólo recibe pastillas para el dolor, pese a que requiere acudir periódicamente a recibir atención médica.
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