Ajustes a la legislación nacional que regula a los medios de comunicación social y la adopción de recomendaciones hechas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solicitó ayer la Defensoría del Pueblo en su segundo informe sobre libertad de expresión en Panamá.
Este pronunciamiento coincide con el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la libertad de expresión en el mundo, revelado ayer. El informe reconoce que en Panamá se derogaron las leyes de desacato, pero cuestiona la creación de una ley de derecho a réplica que facilita el abuso de funcionarios para su beneficio.
El documento de la Defensoría será presentado este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Este informe coincide también con la audiencia que concedió la CIDH para el viernes a un grupo de periodistas y juristas panameños por la demanda civil de B/.2 millones que interpuso el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora, contra la Editora Panamá América y el reportero Jean Marcel Chéry, del diario La Prensa.
El grupo que viajará a Washington lo integran Octavio Amat, director del diario Panamá América; Eduardo Soto, director de DIAa DIA; Jean Marcel Chéry y el catedrático universitario Miguel Antonio Bernal. En Washington se unirá al grupo Luis Botello del Centro Internacional de Periodistas.
