El asesinato de un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el barrio La Palmita, de Tocumen, no solo confirmaría que los delincuentes han perdido el respeto hacia las autoridades, sino también que pretenden recuperar los territorios donde se cometen mayores delitos.
Así evaluaron especialistas de seguridad la condición de inseguridad que vive el país, y el incidente en el que lamentaron la muerte de una unidad policial que patrullaba como parte del bloque de seguridad especial que el Ejecutivo envió para controlar la delincuencia en Panamá Este durante los Carnavales.
Para el especialista en criminología Severino Mejía, se trata de un hecho lamentable en el que la fuerza pública ahora debe "replantear su mecanismo de patrullaje policial frente al poco respeto a las autoridades policiales".
Incluso sugiere que al realizarse los patrullajes se hagan con un mínimo de cuatro unidades, y con base en los informes de inteligencia.
Por su parte, el exministro de Seguridad José Raúl Mulino envió sus condolencias a los familiares del miembro del Senafront, y explicó que con ello se puede ver "una especie de reto entre la delincuencia contra las autoridades".
Mulino sostuvo que esta situación sería producto del predominio que está teniendo la delincuencia sobre la ley y contra quienes imparten el orden público.
El exministro agregó que "no se siente una coordinación suficiente, pese a todos los anuncios que se hacen sobre avances en materia de seguridad".
Fueron sorprendidos
En el asesinato del sargento segundo Julio Guzmán, este fue sorprendido junto a otro compañero por los delincuentes, quienes además les robaron.
Las unidades de la Policía se quejaron de no poseer los recursos necesarios, entre ellos, el chaleco antibalas.
Y es que durante el encuentro de Guzmán, de unos 38 años de edad, contra los delincuentes, este fue impactado cuatro veces; y su compañero, en varias partes del cuerpo; sin embargo, al ser trasladados al hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, ya no presentaba signos vitales.
Tras ello, el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, y el director general de la Policía Nacional, Omar Pinzón, dieron su versión de los hechos.
El director de la Policía Nacional debió reconocer que los policías de frontera no tenían protección antibalas, como los policías regulares que patrullan las calles en estas zonas rojas.
A su vez, el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, adelantó que existen tres personas detenidas por la muerte de la unidad policial, no obstante, sería la segunda ocasión en meses recientes que muere una unidad policial, a manos de la criminalidad.
El sargento de la Policía Nacional Nelson Guerra falleció el pasado mes de diciembre, tres días después de estar recluido en un centro hospitalario, luego de resultar herido de bala durante el robo millonario en la Dirección General de Ingresos.
En ese incidente, Guerra fue impactado en la cabeza, a plena luz del día.
Cuestiona la seguridad
Esta serie de incidentes han sido reflejados en los sondeos de opinión como la principal preocupación de los panameños.
Solo en la última encuesta de la firma Dichter & Neira, los panameños situaron en primer lugar el problema de la seguridad.
El 55% de los panameños consultados dijo que la inseguridad seguirá igual con este gobierno, y otro 27% piensa que empeorará.
La respuesta de los panameños se une al análisis de los especialistas que coinciden en que no han dado resultado las estrategias de seguridad pública, en las que en años anteriores las políticas fueron percibidas como la tregua entre Gobierno y delincuentes.
Esto llevó a que en el 2016 se registraron unos 416 homicidios, y las provincias más violentas fueron Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí. Este año, un total de 33 menores de edad han sido asesinados, muchos de ellos eran parte de pandillas.
Jueces y fiscales han sido víctimas de amenazas por los delincuentes
La falta de temor hacia las autoridades por parte de los delincuentes también va dirigida hacia los encargados de impartir justicia cuando hace menos de 15 días se conocieran las amenazas lanzadas contra jueces por parte de bandas criminales.
Se trata de un hecho que es reconocido por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, a quien se le estaría escapando de las manos el problema.
"Miembros del grupo de calle 17 (Río Abajo) y familiares de los que fueron condenados amenazaron a los jueces; eso no lo voy a permitir, jefes de pandillas, que se esté amenazando a jueces por hacer su trabajo", dijo el mandatario.
El presidente Varela se refirió a la decisión de un tribunal superior que aplicó detención provisional a los tres imputados por el robo y homicidio de la madre de un fiscal que laboraba como cajera en un banco del sector de Chanis.
Las magistradas Miriam Jaén y Gladys Moreno negaron la liberación de los implicados y por ello, fueron amenazadas.
