UNA demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 640, de diciembre de 2006, por el cual se expidió el nuevo Reglamento de Tránsito, fue presentada ayer ante la Corte Suprema de Justicia por miembros de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA).
El recurso sostiene que a través de un decreto ejecutivo no se pueden declarar ciertos hechos como delitos, ya que esto sólo se puede realizar a través de una ley.
Además, plantea que para que un hecho pueda ser sancionado, es necesario que el Legislativo expida una ley.
Advierte que el Ejecutivo, al declarar punibles determinados hechos y decretar sanciones, invade el radio de acción señalado por la Constitución a la Asamblea.
Los abogados José Nelson Brando y Donatilo Ballestero aseguraron que el decreto viola claramente la Constitución, y por ende debe ser anulado por la Corte.
Ambos indicaron que hubo una usurpación de funciones al aplicar sanciones penales a través de un reglamento.
Luis Rodríguez, representante de CANATRA, estimó que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) está en acefalía, ya que su director, Severino Mejía, no está ratificado por la Asamblea Nacional.
Advirtió que la dirigencia transportista luchará por la derogación de las "sanciones arbitrarias e inconsultas" impuestas por la ATTT.
El nuevo reglamento de tránsito aumentó el costo de las infracciones.
Endureció las penas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol.
También dispuso que todos los autos deberán tener un seguro para protección a terceros, en caso de accidentes.
Además, impuso nuevas normas para la obtención de la licencia de conducir.
Demanda contra nuevo reglamento
Los transportistas bloquearon las calles de acceso a la Corte Suprema, para presentar el recurso.