Clave
- Funcionarios
- Se trata de Saúl Franklin Garrido, encargado de la Subdirección General de Salud Ambiental; Genevy Epaly, abogada; Miurka González, ingeniera agrónoma técnica, y Yoani González, licenciada en Biología de dicha dependencia del Minsa.
- Argumento
- El abogado aseguró que los funcionarios aceptaron suministrar copias de expedientes de empresas competidoras en esta licitación que tienen experiencia en manejo de desechos.
- Sanciones
- Hasta 6 años de prisión es la pena máxima para funcionarios que incurran en delitos contra la administración en la modalidad de corrupción de servidores públicos, tráfico de influencia y violación de sellos.
Tras un mes de la toma de posesión de Juan Carlos Varela, como presidente de la República, ya se presentó la primera denuncia por corrupción en contra de funcionarios de su gobierno.
Se trata de una acción legal interpuesta por el abogado Roberto Sanguillén, en calidad de ciudadano, ante la Procuraduría General de la Nación, en contra de funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) y de particulares, representantes de la empresa contratista Auramek Engineering.
La denuncia se sustenta, según Sanguillén, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, ejecutados por los funcionarios, quienes, aprovechándose de sus cargos, suministraron información sensitiva para favorecer a la empresa en mención, con el propósito de lograr verse favorecida en la licitación de la obra de recolección de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, servicio que se da en los hospitales públicos.
Explica la denuncia que los funcionarios del Minsa estaban asignados a la Subdirección General de Salud Ambiental y aprovechaban ser los custodios de las informaciones y datos técnicos de las empresas que participaron en la licitación, para darle ventaja a la empresa señalada.
Destacó el abogado que la denuncia es por los delitos contra la administración pública en las modalidades de corrupción de servidores públicos, en la que se menciona directamente a los particulares, además de tráfico de influencia y violación de los sellos públicos.
El jurista expresó que la empresa señalada tiene antecedentes de haber incumplido contrataciones con el Minsa, por lo que administraciones anteriores les habían cesado los contratos, al demostrar infracciones a las normativas sanitarias.
Destaca la denuncia, que la acción delictiva se cometió por medio de una serie de acercamientos entre representantes de la empresa y los funcionarios.
En estos momentos, el proceso está en la fase de trámite para determinar si la competencia es de este despacho o es trasladado a una fiscalía anticorrupción para que continúen con las investigaciones.
Se trató de conocer una reacción de parte de las autoridades del Minsa, sin embargo, se informó que no habría comentarios por el momento, ya que se desconoce la denuncia.
