Moradores de San Felipe denunciaron nuevamente acciones de la empresa privada y del gobierno para desalojarlos de sus viviendas, sin ofrecer alternativas a sus moradores, dejándolos en la calle y sin la posibilidad de adquirir otra vivienda a costos accesibles a la que puedan trasladarse.
De acuerdo con el coordinador pro vivienda de San Felipe, José Araúz, la semana pasada varias familias de la calle tercera avenida A, fueron desalojadas de su vivienda, a pesar de que los residentes no se encontraban en sus casas. "Las autoridades de la corregiduría a punta de patadas y con una pata de cabra tumbaron la puerta de hierro para desalojar los enseres".
Aseveró que a pesar de que se le solicitó al corregidor que diera un plazo de por lo menos tres días para lograr una reubicación, hicieron caso omiso de la solicitud.
Manifestó que una de las afectadas, una señora de 62 años, no podrá siquiera acceder a proyectos habitacionales del Ministerio de Vivienda, porque le están solicitando un descuento de 200 dólares mensuales.
"Fue lanzada a la calle por parte de diversas autoridades, MIVI, Alcaldía de Panamá, Junta Comunal, corregiduría; pero no le han brindado ninguna solución de vivienda", recalcó.
Aseguró además que ya no solamente son las autoridades del municipio y la corregiduría las que impulsan estos desalojos, ya que según dijo el mismo ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, ha firmado y ordenado el desalojo de cuatro familias más, a partir de 90 días contados.
"Ya no son solamente los inversionistas y los representantes legales de la municipalidad, sino también el mismo gobierno, los que están promoviendo los desalojos, pero lo más triste es que no le buscan solución de vivienda a los afectados", dijo.
Los residentes de San Felipe pidieron también a la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, la modificación del Decreto Ley 9 del 27 de agosto de 1997 que, según Araúz, no incluyó jamás el aspecto social de los moradores de San Felipe, sin embargo, dijo que el anteproyecto de Ley 13 establece indemnizaciones a cada familia y se garantizan no menos de 600 metros de terreno en Arraiján y la capital, para que los afectados puedan construir sus viviendas.
Solicitaron también al Banco Hipotecario que se habiliten las 47 fincas de su propiedad ubicadas entre calle décima y calle doce para que los jubilados y pensionados permanezcan en el corregimiento, ya que según la política del MIVI y el Banco Hipotecario, estas personas no tienen derecho a vivir en ninguna parte.
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