Desde agosto de este año, el Gobierno promueve un plan de “retiro voluntario”, que en teoría se presentó como optativo, pero en la práctica está funcionando con una serie de irregularidades, incluyendo presiones y desconocimiento de las prestaciones laborales.
“Lo que significa que no es voluntario, ni legal”, denunció este jueves Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).
Berrocal reiteró su rechazo al Decreto Ejecutivo 358 de 4 de agosto de 2015, que establece los fundamentos para el Plan de Retiro Voluntarios de los servidores públicos.
“Este decreto no es expedito, transparente, ni claro... se presta a la manipulación y al perjuicio de los trabajadores”, mencionó en conferencia de prensa el activista laboral.
En este sentido, voceros de Fenasep denunciaron que el Gobierno está en una campaña para lograr la mayor cantidad de renuncias obligatorias en instituciones como el Banco Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
Por su parte, Héctor Ávila, dirigente de los jubilados, agregó que la propuesta gubernamental “es negativa” porque se está obligando a los funcionarios de años de experiencia a renunciar, y no se les está garantizando el pago de sus prestaciones. “Y de paso, se incumple lo prometido por el presidente Varela, cuando mencionó que sería un plan de retiro voluntario”.
El Decreto Ejecutivo 358 del 4 de agosto de 2015, ofrece el incentivo de una indemnización a los funcionarios que opten voluntariamente por renunciar al cargo que desempeñan, que se calculará con base a los años laborados en calidad de jubilado y tomando en consideración el último salario devengado al 31 de diciembre de 2014.
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