El mecanismo para seleccionar y nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vuelve a convertirse en la manzana de la discordia en las autoridades del Gobierno y los dirigentes de la sociedad civil organizada.
El tema vuelve a la palestra pública cuando surge la posibilidad de que el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Quinta, de Instituciones de Garantía Constitucionales, de la Corte Suprema de Justicia, lo haga el presidente de la república, Ricardo Martinelli y su Consejo de Gabinete, de acuerdo a lo que señala la Constitución Política en su Artículo 200.
Fuentes del Palacio de las Garzas aseguraron que el procedimiento de la selección de los magistrado se discutió en el Consejo de Gabinete y que los 14 ministro de Estado no llegaron a un acuerdo. La mayoría abogó porque se cumpliera con las atribuciones que le da la Constitución Política al presidente de la República y al Consejo de Gabinete para nombrar a los magistrados de la máxima autoridad de justicia, sin la necesidad de convocar a una comisión evaluadora de los candidatos.
Las fuentes allegadas a la presidencia de la República confirmaron que la intención del Consejo de Gabinete es que se actué conforme a lo que dicta la Constitución, basándose en que actualmente existe un ‘vacío’, pues la Sala Quinta legalmente existe, pero se encuentra inoperante, lo que a juicio de la mayoría de los ministros de Estado, hace necesario que se agilice el nombramiento de los nuevos los tres magistrados, para que esta instancia empiece a trabajar y deje de ser una ‘Sala Fantasma’.
Irrespeto a la sociedad civil.
Para Mauro Zúñiga, activista de la sociedad civil, la intensión presidencial de nombrar a estos tres magistrados no es más que las ansías de controlar de manera absoluta a la Corte Suprema de Justicia y un irrespeto más a los acuerdos pactados en gestiones anteriores con la sociedad civil.
“Esta es una muestra del gobierno autoritario que tenemos”, señaló.
Retroceso.
Por su parte, Rubén Elías Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, calificó esta decisión como lamentable, porque significa un retroceso en materia de logros para la sociedad civil.
“No existe la voluntad de consulta ciudadana, se han acortado los espacios de participación y esto le hace daño a la justicia”, manifestó.
Rodríguez hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional para que reconsidere su postura y permita la participación de la sociedad civil, para que exista transparencia en la escogencia de personas que cumplan con el perfil de transparencia e independencia que reclama la sociedad.
“Es cierto que el presidente tiene las atribuciones para nombrar a los magistrados de la Corte y no se le puede quitar esta facultad, pero la participación ciudadana es importante”, puntualizó.
