En los últimos dos meses una luz de alarma se ha encendido entre la ciudadanía, después que a través de los medios de comunicación se conoció de la muerte de dos niños en forma violenta, el ataque frustrado contra una estudiante en Tocumen, la desaparición de una joven en Colón y dos ataques, también frustrados, de dos niños en la misma provincia.
¿Hay relación entre todos estos casos? Veamos algunos de ellos y el diagnóstico de la Policía Técnica Judicial.
La estudiante se dirigía al Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan, ubicado en la 24 de diciembre, Tocumen.
Caminaba por la vía principal cuando estuvo a punto de ser introducida a un taxi, color rojo, por dos sujetos desconocidos. Afortunadamente logró escapar.
La jovencita de 17 años estaba nerviosa, desesperada, por lo que no pudo ver la placa del taxi ni tampoco identificar a quienes intentaron raptarla. Su prioridad era salvar su vida. Sólo sabe que el conductor y el pasajero eran jóvenes.
Se dirigió a su escuela y, acto seguido, le confió a una compañera lo ocurrido.
Esta le sugirió que fueran a la dirección del colegio. Llegó el consejero y habló con la directora quien, según las versiones, se limitó a decir que del portón hacia fuera del plantel ella no tiene ninguna jurisdicción.
En consecuencia, no se puso inmediatamente la denuncia ante la PTJ, ni tampoco en la garita de Policía ubicada muy cerca de la escuela, a pesar de que todo vehículo que se dirija hacia Chepo o desde esta población hacia la capital, debe pasar por esa garita de control.
La niña no avisó de inmediato a la madre porque ésta padece del corazón y temía darle un susto que pusiera en peligro su salud. No fue sino hasta las 5 de la tarde, cuando el papá llegó de trabajar, que se puso la denuncia en la PTJ. Sin embargo, de muy poco sirvió pues no se tiene ningún dato que pueda conducir al paradero de quienes intentaron llevarse a la estudiante.
La madre de la menor criticó a la directora quien, a su juicio, debió tener más responsabilidad para con su hija porque cuando la joven sale de su casa uniformada, está representando a su escuela.
Dio a conocer que la PTJ investiga, pero es muy poco lo que puede hacer. Esto fue confirmado por esa institución.
Sobre este caso se pronunció el director de Investigaciones Criminales de la Policía Técnica Judicial, Jesús Escala, quien alega que es importante destacar que el Código de la Familia, en sus artículos 501 y 502, establece la responsabilidad que deben tener algunos funcionarios de Educación con respecto al maltrato que sufre un menor.
En el 501 se considera que un menor es víctima de maltrato cuando se le infiera o se le coloque en riesgo de sufrir un daño o perjuicio en su salud física o mental o en su bienestar, por acciones u omisiones de parte de sus padres, tutores, encargados, guardadores, funcionarios o instituciones responsables de su cuidado o atención.
El 502 establece que están obligados a informar, en un término no mayor de 24 horas, desde que tienen conocimiento de situaciones de maltrato contra un menor, los siguientes profesionales o funcionarios que en el desempeño de sus funciones tuviesen conocimiento o sospecha de la existencia de una situación de maltrato: profesionales de la salud, de la educación, trabajadores sociales, etc.
Según el investigador, la estudiante recibió un maltrato físico y emocional, pero no fue denunciado inmediatamente por parte de la dirección del colegio, según las versiones de estudiantes y la madre de la joven.
Cuando se comete esta omisión, el profesional responsable puede ser considerado cómplice de la acción contra la menor, según la ley.
Hace más de dos semanas de la misteriosa desaparición de Yari, una joven de 19 años, quien el 6 de julio, fue interceptada por dos individuos cuando caminaba por Sabanitas de Colón, con una ex compañera de colegio.
El hecho se registró en horas de la noche, cuando Alba de Best decidió ir al supermercado más cercano, en la entrada de Nuevo Colón. Fue entonces cuando se encontró con una amiga que estudió con ella en II de secundaria.
Sólo caminaron unos 100 metros cuando Yari gritó y pidió auxilio a Alba, que miró hacia atrás y vio que su acompañante era empujada por un sujeto. Luego le salió otro y la tiró a ella a un lugar pantanoso.
Según Alba, el sujeto que se le abalanzó lo hizo sin ánimos de robarle, ya que "tenía todas mis sortijas puestas y un collar; sólo me gritaba que me callara porque me mataría. Yo traté de defenderme como pude y escuché la voz de un señor que decía suelten a la hija ajena".
Aparentemente este señor colombiano salvó a la joven de ser abusada sexualmente por un delincuente que parecía estar drogado y en estado de ebriedad. La rápida intervención de la Policía de Sabanitas dio con un sospechoso que dijo llamarse Eric Valdés.
Al ser cuestionado, Valdés sólo dijo "era el mismo fin" pero no explicó cuál; se le observó indiferente, como si no temiera a las autoridades.
Hasta el momento se desconoce el paradero de Yari, aunque se informó que se realizan investigaciones para descifrar el enigma de su desaparición.
Alba recuerda que Yari tiene una cicatriz en el rostro, en el lado derecho, además de un diente de oro y en ese instante vestía unos pantalones jeans anchos, camisa y zapatillas blancas.
Una situación similar vivieron sólo unas horas antes, dos estudiantes de la Escuela de Salamanca que se salvaron de ser raptados por sujetos encapuchados que viajaban en una camioneta negra, marca Chevrolet.
Uno de los niños, de 8 años, es sobrino del representante del lugar, Adán Vásquez y relató a sus familiares que tuvo que correr en su bicicleta para escapar de los dos hombres, quienes intentaron introducirlo a la fuerza al vehículo, logrando escabullirse por los estrechos caminos de la comunidad de Sardinilla.
Otra niña de 6 años a quien le sucedió lo mismo, la llamaron para ofrecerle algo que supuestamente tenían dentro del carro, pero como observó que tenían el rostro cubierto decidió correr.
Se informó que la camioneta Chevrolet color negro tenía en el inicio de su placa el número 9, que fue lo único que lograron distinguir los testigos que se encontraban al momento del incidente.
También se suscitó la pasada semana la desaparición de la niña Zuleyma Aguirre Valderrama, quien pasó tres días fuera de su hogar y había sido reportada como desaparecida. El pasado lunes apareció en la 24 de Diciembre argumentando que se había escapado para buscar a su abuela y a su hermanito. No se sabe con quién estuvo esos tres días.
Como estos casos, se han dado varios en las últimas semanas, si bien algunos no se denuncian o sólo se divulgan a través de los medios de comunicación.
Otros, sin embargo, terminan en tragedia, como los de los niños Jair Mendoza, en Colón, y el de Julio César García, en Herrera.
Como quiera que sean y pese a la alarma que éstos han ocasionado en la población nacional, no existe relación entre uno y otro, por lo que no se trata de "una ola" de secuestros ni de crímenes, según dio a conocer Jesús Escala.
No existe un patrón, ni siquiera un perfil de los posibles delincuentes, toda vez que no hay una actividad delictiva continua, con características que indiquen que existen bandas dedicadas al rapto o al secuestro.
Es más, los índices de secuestro y de rapto son mínimos en todo el país, en comparación con la región centroamericana, de acuerdo con la PTJ.
Según las estadísticas, únicamente se reportó, en lo que va del año, un caso de rapto en enero y dos de secuestro, en los meses de febrero y mayo, además de 35 contra la libertad individual.
Escala, quien tiene una experiencia de más de 20 años en el manejo de este tipo de delitos, aseguró que, una vez que se hacen las denuncias a ese organismo judicial, se efectúa un análisis para determinar si se trata de un secuestro o de un rapto u otro tipo de delitos contra la libertad.
Es entonces cuando se inicia la investigación, incluso de algunos casos que únicamente se publican en los medios y no se ha presentado la denuncia.
Para hacerlo, es necesario que quienes presenten las denuncias digan estrictamente la verdad a los detectives, a fin de facilitar las investigaciones.
Cuando hay de por medio una muerte, como en el caso del menor Jair Mendoza, los forenses hacen su parte de la investigación a través de la autopsia. Son ellos los que determinan la posible causa de la muerte, mientras la PTJ realiza otras investigaciones para determinar el porqué y quiénes lo hicieron.
Pero esto toma tiempo, informó Escala, y se da el caso de que aunque una persona muera de manera accidental, pero los familiares y la comunidad sospechen que pudo haber mano criminal, para cuando concluyan las investigaciones es muy difícil convencerlos de que, efectivamente, fue accidente y no homicidio.
Esto está directamente ligado con la divulgación que se haga en los medios de comunicación, añadió, si se toma en cuenta que se divulgan muchas especulaciones sobre estos hechos, que no pueden ser investigados de la noche a la mañana.
No se puede salir a la luz pública asegurando lo que aún no está debidamente investigado, recalcó. Cada vez que salen nuevas evidencias, hay que investigarlas, añadió.
En el caso del niño de Chitré, se estableció, según la autopsia, que murió ahogado. La pregunta es ¿cómo se ahogó si apareció dentro de un carro? Aparentemente, cuando el sospechoso lo encontró, le echó agua para tratar de revivirlo. Sucede que el agua se estancó dentro del carro, en el piso del asiento trasero -que no es liso sino que está dividido en el centro, formando dos huecos- y fue allí donde se llenó de agua.
Estos son los detalles que corresponde a la PTJ investigar para establecer si se trata de homicidio o accidente y cómo se suscitó el hecho.
Sobre todos estos sucesos, la realidad es que no existe un perfil definido que lleve a las autoridades a la conclusión de que existe una banda o personas dedicadas a raptar o a llevarse niños y luego matarlos, como se ha dado en los casos de los niños de Colón y Herrera, o a raptar jóvenes introduciéndolas a vehículos.
Esto lo prueba el hecho de que además de la muerte de los dos niños, también se dio un caso en Colón con la joven de 19 años y luego dos en la misma provincia con dos niños y una niña.
No hay un modo de operar similar. Son casos aislados y además muy pocos. Se ve un caso en un momento dado y dentro de mucho tiempo, se ve otro.
No obstante, el temor hace presa de la ciudadanía porque ahora se denuncian más, pero no necesariamente porque el índice ha subido de manera alarmante.
También se da la situación que las familias de personas que desaparecen del hogar, llaman directamente a los medios de comunicación porque saben que éstos constituyen una ayuda para encontrar a su familiar. Tampoco presentan la denuncia a la PTJ directamente, cuando saben que ese pariente está involucrado en delitos o con personas que los cometen. Si van a este organismo, saben que tarde o temprano deben decir la verdad, según la fuente.
En los últimos meses se especula mucho sobre raptos y secuestros, sin embargo, estos términos no siempre son bien empleados.
Para definir si se trata de rapto o secuestro, hay que ver quién es la persona a la que se llevan.
Si es un empresario al que le interceptan su vehículo, lo amenazan y lo tratan de bajar de su carro, pero él se fuga, en ese momento se trata de un intento de rapto.
Mientras que si lo raptan y sus captores piden dinero, cosas o documentos con efectos jurídicos para liberarlo, entonces se trata de un secuestro, aunque no se logre el fin propuesto.
En el caso de la joven de Tocumen, el detective alega que no es viable que se trate de un secuestro porque su familia no es adinerada. Lo más probable es que esos hombres trataran de introducirla al auto para violarla o prostituirla. Este, aparentemente, es un delito contra la libertad individual.
También se da el caso en que varios hombres en un auto invitan a una mujer a subirse a él. Ella accede y luego es violada. Esto tampoco es rapto, pero la ciudadanía insiste en denominar como rapto este tipo de delitos contra la libertad individual.
Entre los chinos se han dado varios casos de extorsión, raptos y secuestros por deudas de juego. Estos son los que menos ponen denuncias, pero son los más raptados para cobrarles.
Se dan casos también en que las víctimas aparecen muertas, con un tiro en la frente y esposados, inmediatamente la PTJ puede decir que se trata de una ejecución, pero corresponde a la entidad investigar el porqué.
Ahora, dice el entrevistado, ha habido más alarma porque han muerto dos niños de forma seguida, que los medios de comunicación unieron entre sí y esto toca la parte sensible de la sociedad, pero no significa que existan nexos entre ambos sucesos.
Lo que hay que evitar es alarmar a la población, dice Jesús Escala, y que los padres alerten a sus hijos para que no se suban a autos de desconocidos, al tiempo que pide denunciar cualquier hecho que así lo amerite ante la PTJ.
