En un claro mensaje al Gobierno, el Consejo Nacional de Educación (CONACED) advierte -en su último informe- que en la oficina de administración del FECE "no existe un sistema de seguimiento de la ejecución física y control estricto sobre el uso de estos recursos".
La advertencia del organismo consultivo del Ejecutivo se da un año después de que se descubrió el desfalco de 1.5 millones de balboas cometido en contra del FECE, en San Miguelito, considerado como uno de los más grandes escándalos de corrupción de este Gobierno.
En los últimos cuatro años, el Ministerio de Educación ha distribuido casi 100 millones de balboas provenientes del FECE entre más de 3 mil escuelas.
El CONACED, integrado por 8 agrupaciones de la sociedad civil, recomienda "establecer de manera urgente un sistema de auditoría interna y externa bien estructurado y más efectivo", al margen del seguimiento de las transferencias financieras.
Diferencias.
A finales del 2008, la Dirección Nacional del FECE del Ministerio de Educación informó que se había retomado el control previo, la supervisión del movimiento de las cuentas bancarias y que los cheques estén debidamente firmados.
Sin embargo, el informe subraya que las oficinas regionales del FECE focalizan su gestión en la distribución de los recursos, el apoyo administrativo y soporte de trámites para compras y contrataciones de centros educativos que reciben menos de 3 mil balboas.
"Esto las convierte en oficinas responsables de la administración de los propios recursos, labor que no se realiza en forma eficiente", destaca el documento.
El informe de CONACED también critica que en la práctica las oficinas regionales del FECE administran los recursos financieros de las escuelas pequeñas de educación básica, y no tienen personal con el perfil adecuado.
El FECE se constituye con el 27% de la recaudación del impuesto del seguro educativo; de allí que el organismo insiste en que su misión fundamental es distribuir y tener un estricto control y seguimiento de estos fondos.
Otras sugerencias.
El CONACED en su informe aconseja a las autoridades revisar la normativa jurídica del FECE con el fin de garantizar el financiamiento de los Proyectos Educativos de Centro (PEC), ya que la asignación de 30 balboas por alumno matriculado, para algunas escuelas, no permite su ejecución integral y oportuna.
Esta situación, explica el documento, termina en una permanente solicitud de apoyos extraordinarios en el transcurso del año escolar, lo que está afectando la operatividad de los centros educativos debido a la tramitología.
Investigaciones.
En tanto, 31 personas han sido señaladas dentro de las pesquisas por el desfalco del FECE en San Miguelito, según informes recientes de la Fiscalía Primera Anticorrupción.
De esa cantidad de personas, 10 están prófugas, nueve detenidas y cuatro con medidas cautelares.
La fiscalía, a cargo de Mercedes De León, acusa a esas personas de los delitos contra la fe pública; contra la seguridad colectiva y administración pública.
La ex directora de Educación de San Miguelito, Betzy Guzmán, ha sido una de las últimas personas detenidas.
