Si bien no hay una norma que regule la designación de asesores en el Gobierno, juristas y dirigentes de la sociedad civil consideran que es injustificable que se gasten 9.1 millones de dólares en ese renglón, cuando hay tantas necesidades en el país.
Ayer se solicitó al secretario general de la Asamblea Nacional, Wigberto Quintero, y al Ministerio de Educación (MEDUCA), a través del Departamento de Relaciones Públicas, los documentos que expliquen las funciones que tiene cada uno de los asesores que aparecen en la planilla; no obstante, se dijo que esa información no se tenía disponible por el momento. Es más, altos funcionarios de esas dos instituciones, que son las que más gastan en asesores, justificaron la planilla e indicaron que es necesaria.
Por parte de la Asamblea, cuyo gasto en asesores es de 2 millones 492 mil 640 dólares al año, Quintero dijo que en total existen nueve departamentos de secretaría técnica que se encargan del concepto de leyes y en cada una de ellas hay un equipo de asesores.
Agregó que la presidencia del Legislativo también tiene otro grupo de asesores que ayudan a ese despacho.
“Yo te puedo decir que el personal que está laborando, en cuanto a la asesoría, es justificable porque se encarga de ayudar en el funcionamiento de la Asamblea”, recalcó.
Agregó que existen 15 comisiones de trabajo en las que también hay asesores.
Lo planteado por Quintero no convence al dirigente empresarial Enrique De Obarrio, quien señaló que, gastarse más de 2 millones de dólares al año en asesores en la Asamblea, es imperdonable; máxime cuando es obvio que gran parte de esos asesores lo son por amiguismo, parentesco familiar o compromisos políticos, y en muchos casos la única asesoría que ofrecen es cómo recibir sus pagos quincenales en forma más expedita.
“Pienso que el país tiene derecho a una rendición de cuentas por parte de la Asamblea, que explique qué hacen de positivo esos asesores, que justifique tanto dinero público asignado”, expresó De Obarrio.
Agregó que uno de los imperdonables que debería impulsar el Gobierno de Ricardo Martinelli es una reglamentación o legislación para evitar tanto dinero malgastado, que bien pudiera servir para resolver algunos problemas sociales del país.
El jurista y catedrático Raúl González coincide con De Obarrio y va más allá, al indicar que si el Estado requiere asesoría sin costo alguno se lo podrían pedir a la Universidad de Panamá o a cualquier otra universidad pública. González indica que la UP está obligada a contribuir en el desarrollo del país, por lo cual estaría pendiente de asesorar sobre diversos temas.
Pese a las críticas el exasesor de la Asamblea, Dennis Allen, consideró que en el Legislativo hay funcionarios que justifican el salario que devengan haciendo su trabajo.
