Las autoridades colombianas desmantelaron ayer una red internacional de trata de personas, al capturar en Bogotá y Medellín (noroeste) a 15 proxenetas que contrataban a mujeres con falsas promesas de empleo en Ecuador, Panamá, Guatemala y Aruba, se informó oficialmente.
Según el reporte, la red reclutaba a mujeres entre los 18 y 25 años en las caribeñas ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y en la capital del país, por medio de ofertas de modelaje en el exterior y cuyas propuestas de trabajo las difundían en internet.
Las víctimas, indicó la Policía, eran obligadas a entregar sus documentos de identidad durante varios meses, mientras trabajaban como prostitutas y cubrían los gastos de traslado.
Un portavoz de la Policía, que requirió el anonimato, precisó que las labores de inteligencia para lograr el desmantelamiento de la red se llevaron durante siete meses, con apoyo en información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las Naciones Unidas.
El fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, ha denunciado en distintas ocasiones que después del tráfico de drogas y de armas, "el delito de trata de personas es el más grave del país".
De acuerdo con la OIM, Colombia es el segundo país latinoamericano más afectado por el tráfico de personas, después de Brasil.
Según un informe anual del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), unas 50,000 colombianas ejercen la prostitución en el exterior, sometidas por mafias que controlan clubes y centros nocturnos de Tokio, Madrid o Amsterdam, las ciudades que concentran el mayor número de trabajadoras sexuales procedentes de Sudamérica.
Las víctimas deben cancelar a esas mafias cuantiosas sumas de dinero por el viaje, que llegan a más de 10,000 dólares en Holanda y 45,000 dólares en Japón, destacó el DAS.
No obstante, en las 14 cuentas investigadas no apareció el nombre de Portillo sólo los de Francisco Reyes, su vicepresidente que ayer también fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano.
Además, el hijo de Reyes, Juan Reyes Wyld; el de Julio Girón, quien fue secretario privado de Portillo; César Medina y Juan Riley, amigo y cuñado del ahora ex mandatario, respectivamente.
El Fiscal General de Guatemala, Carlos de León, se comprometió el jueves a crear una comisión internacional para investigar un supuesto lavado de dinero depositado por ex altos funcionarios de Guatemala en Panamá y a recuperar los fondos si es que existen.