Los exfuncionarios afectados por la Ley 25 solicitaron apoyo a la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), ya que luego de 16 años de espera, no han recibido una respuesta por parte del Estado.
Guillermo Puga, secretario general de la (CTRP), expresó que la última propuesta que hizo el Gobierno Nacional a estos trabajadores fue de indemnizarlos por 5.6 millones de dólares.
"No se hizo una propuesta sustentada de cuánto le corresponde a cada trabajador", explicó.
En tanto, Manrique Mejía, coordinador de los trabajadores destituidos por la Ley 25, informó que todavía están a la espera de una sustentación seria por parte del gobierno actual.
En el año 1990 casi mil servidores públicos fueron destituidos en base a esta ley, que establecía sanciones contra los funcionarios que supuestamente apoyaron un movimiento golpista contra el entonces presidente de la República, Guillermo Endara.
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