La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) decidió ayer en asamblea general interponer una demanda de ilegalidad y otra de tipo constitucional contra la Resolución de Gabinete número 122 que "congeló" la Ley de Carrera Administrativa hasta tanto se realizaran las investigaciones pertinentes, informó Leandro Avila, secretario de esta asociación.
Después de fiestas patrias podría también convocarse a una huelga general de carácter nacional, si las bases de las asociaciones así lo aprueban. ¡vila no precisó la fecha de dicha acción, pero indicó que todos los dirigentes de las agrupaciones de empleados públicos estuvieron de acuerdo con esta medida.
El secretario de la FENASEP también acusó al ministro de Trabajo, Joaquín Vallarino III, de adoptar una posición antisindical, en especial en contra de su organización, porque "él quiere ver desaparecer a la FENASEP y la Ley de Carrera Administrativa".
"La intención real de la Resolución 122 es despedir a los trabajadores del sector público para nombrar a los compañeros de alianza o de partido del actual gobierno, que estarían entonces protegidos con la ley", indicó el dirigente de la FENASEP, señalando que esto sienta un precedente funesto porque hace que los nombramientos en el gobierno se hagan al antojo de los gobernantes de turno.
Los abogados de la FENASEP indican que la Resolución 122 viola el artículo 67 de la Ley de Carrera Administrativa, que establece que el director de carrera tiene la potestad de "incorporar" a los funcionarios, pero no habla de desacreditar. Además señalan que una resolución de gabinete no puede derogar un decreto ejecutivo.
"Es mentira que van a revisar los diez mil 400 expedientes. Ya se tienen los nombres de los funcionarios que se quieren desacreditar, porque en este momento la Ley de Carrera Administrativa está muerta", acotó Avila.
Indicó además que fortalecerán sus relaciones con los demás gremios sindicales para que se solidaricen con la situación de los empleados públicos, porque en este momento hay más de tres mil 300 funcionarios que han sido despedidos sin justificación.
