Destituidos por Ley 25 a Corte Interamericana

LOS trabajadores de las antiguas empresas públicas IRHE e INTEL recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio próximo, para presionar al Gobierno a cumplir una sentencia que implica el pago de salarios caídos a 275 funcionarios despedidos en 1990.
Así lo confirmó Eric González, uno de los voceros de los trabajadores, ya que las negociaciones sostenidas con representantes gubernamentales se "estancaron", cuando se les informó que el Gobierno sólo pagaría unos B/.20 millones en 5 años.
Los ex funcionarios exigen una indemnización de unos B/.60 millones, porque aseguran que fueron destituidos "injustamente" en la administración del ex presidente Guillermo Endara, a través de la Ley 25, acusándolos de participar de una "intentona" golpista.
Por ese hecho, la CIDH condenó al Estado a indemnizarlos en el 2001, luego de comprobar que hubo violación a los derechos humanos y laborales.
En ese entonces, la CIDH obligó al Estado a pagar a cada uno de los trabajadores la suma de B/.3 mil dólares por concepto de daño moral en un plazo de 90 días. Como reintegro de gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas, el Estado debería pagar B/.100 mil dólares y unos B/.20 mil dólares, como reintegro de las costas del proceso interno e internacional.
Sin embargo, han pasado los años de la sentencia y el Estado no ha cumplido aduciendo carencia de fondos, lo cual aumenta los intereses de esta deuda.
Este incumplimiento, a juicio del jurista Miguel Antonio Bernal, podría tener serias repercusiones para el país, ya que Panamá con sólo formar parte de la CIDH está obligado "moralmente" a cumplir con los pagos.
Bernal explicó que el país ha quedado "mal parado" a nivel internacional por incumplir este fallo, al punto que es considerado como un Estado donde los derechos humanos de los trabajadores son vulnerados a cada momento.