Los trabajadores destituidos por la Ley 25 de diciembre de 1990 realizaron ayer una protesta frente a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas para exigir el pago de salarios caídos, indemnizaciones y daños morales a más de 75 exempleados que no fueron incluidos en el primer pago que hizo el Gobierno en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con Manrrique Mejía, vocero de los protestantes, si bien el Gobierno hizo un pago parcial por salarios caídos a sólo 195 víctimas de las 270, incumplió el punto seis que debió incluir a todos los afectados y en base a cálculos, de acuerdo con las leyes vigentes al momento del despido.
Indicó que el Gobierno se ha negado a dar un informe del monto del cálculo de las indemnizaciones que otorgarán a los trabajadores. Sostuvo que la Resolución de Cumplimiento de Sentencia advierte que los salarios caídos deben ser pagados a las 270 víctimas "sin excluir a ninguna de ellas".
Por su parte, el viceministro de Finanzas, Publio Cortes, informó que están canalizando los recursos para hacer efectivo este pago, pues el presupuesto exige que existan primero los recursos antes de que se comprometan en base a la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Explicó que cuando el Gobierno culmine el pago a los ex trabajadores habrá completado unos B/.10 millones, cifra que hubiese servido para ampliar la Interamericana. Agregó que sólo les falta por cancelar alrededor de B/.1.8 millones, lo que demuestra que están cumpliendo su compromiso.
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