Unas 5,000 armas de diversos calibres fueron destruidas ayer en un acto realizado en los jardines de Flamengo, que se ubica en las orillas de la bahía de Guanabara de Río de Janeiro, entre el centro y la zona sur de la ciudad.
El gobierno del Estado de Rio de Janeiro, según el subscretario de Seguridad Pública, Marcelo Itagiba, exigirá del Ejecutivo federal mayor empeño para la aprobación de un proyecto de ley que inhiba el comercio de armas en el país.
La iniciativa está en tramitación en el Congreso Nacional. "Queremos leyes más duras y haremos una campaña para que las armas de fuego sean retiradas de circulación", dijo Itagiba, quien recordó que este fue el cuarto año consecutivo de destrucción de armas en Rio de Janeiro.
En el año 2000 fueron 2,000 armas y 10,000 en 2001, e igual número el año pasado, indicó el subscretario de Seguridad Pública, durante un acto que contó con la presencia de numerosos parientes de víctimas del crimen en Río de Janeiro.
"Somos víctimas de la violencia, pero al mismo tiempo necesitamos tener un sentimiento de esperanza, de que alguna cosa va a cambiar", dijo Cleyde Prado Maia, madre de una adolescente de 14 años asesinada en un atraco a una estación del tren metropolitano (metro, subterráneo) carioca.
El coronel Renato Hotz, comandante de la Policía Militarizada (PM), declaró por su parte que la alternativa es ocupar los espacios que los bandidos están ocupando.
La PM instaló la semana pasada un cuartel en el "Complejo da Maré", un conjunto de 12 favelas (villa miseria) de los más violentas de la ciudad, ubicado entre el centro de la ciudad y el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, y donde los tiroteos y enfrentamientos entre PM y delincuentes son comunes.
"Eso (los tiroteos) es normal porque aún hay bandidos armados en las favelas, pero nosotros no podemos dejar que ellos dominen estos espacios", dijo Hotz.
Precisó que este es el punto más controversial del proyecto, ya que permitir la pesca artesanal sin regulación puede llevar a la destrucción de la vida marina en el lugar.
Manifestó que en el proyecto aprobado en primer debate incluía la cacería y pesca salvo aquellas debidamente autorizadas o permitidas, dentro del Plan de Manejo del Parque autorizado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Destacó que en el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba se incluyó la representación del ministro de Gobierno y Justicia, figura no mencionada en versiones anteriores del proyecto a pesar de su gran importancia para la administración del parque.
Indicó que en el segundo debate se excluyó al administrador general de la ANAM, asignándose ahora a la persona realmente responsable de este tema en esa institución. Para Brown, el artículo nuevo que otorga 10% de los recursos que ingresen al parque es beneficioso para las comunidades colindantes con la isla de Coiba.
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