El responsable financiero del Consorcio San Lorenzo, Stephen Jones, debió consignar ayer una fianza de B/.1 millón, luego que el procurador José Antonio Sossa expidiera una orden de arresto en su contra, lo que mantuvo al empresario detenido por cinco horas hasta hacerla efectiva ante el Juzgado Cuarto Penal.
La orden de arresto contra Jones se hizo efectiva a las 9:40 a.m. luego que éste acudiera al Ministerio Público para realizar una ampliación de su declaración indagatoria, pero luego fue liberado al consignar la fianza a través de la empresa Central de Fianzas S.A. por el término de un año.
Trascendió que el arresto fue ordenado, debido a que Jones no logró justificar una serie de desembolsos y movimientos bancarios realizados.
Se informó que los documentos aportados por Jones no concuerdan con el informe levantado por el equipo de auditores del Ministerio Público sobre los movimientos bancarios realizados por el Consorcio San Lorenzo.
Según se adelantó, dentro de las pesquisas realizadas por el equipo de investigadores del Ministerio Público se logró establecer que el origen de los dineros denunciados por el legislador Carlos Afú que fueron pagados para la aprobación del CEMIS, provienen del conjunto de empresas relacionadas con el Consorcio San Lorenzo.
También se determinó que el pago denunciado está vinculado con algunos de los legisladores identificados en un manuscrito con apellidos de legisladores y de otras personas que no han sido identificadas.
El Ministerio Público estableció además que el monto de dinero que se ha señalado como efectivo y que fue manejado durante el tiempo en que se supone ocurrieron los hechos de corrupción investigados, es mucho mayor que el atribuido en las denuncias a los legisladores ya identificados.
Por su parte, el procurador Sossa dijo ayer que espera la colaboración de la Asamblea Legislativa en este caso y agregó que aún no ha concluido la investigación contra ningún legislador y que las denuncias comprometen a todos los legisladores.
A la vez consideró como absurda la posición de algunos legisladores, quienes señalan que se debe dar el nombre específico de los miembros de la Asamblea bajo investigación.
En tanto, Jones a su salida del Ministerio Público, dijo que a pesar de que éste es un caso muy complicado, ha logrado explicar todos movimientos realizados por sus empresas y que ha presentado pruebas sobre esto.
Por su parte, su abogado Jorge Hernán Rubio, manifestó que la fianza fue consignada y solicitada hace un mes y medio. Agregó que su cliente permanece con un impedimento de salida del país y que continuará participando del proceso.
