El proyecto aprobado de forma unánime por diputados oficialistas y de oposición, establece que será la CSJ la que investigaría a los diputados, y para ello la propia Corte escogerá a uno de sus magistrados para que sea quien lleve la investigación. La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magali Castillo Castillo, sostuvo que el mecanismo aprobado por los diputados no forma parte de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia.
Castillo pidió con urgencia a la Comisión del Pacto por la Justicia que asuma el control del proceso de reformas a la justicia, ya que a su parecer este es otro signo de que "estamos perdiendo la brújula que necesitamos para poder dirigir un proceso de reforma judicial coherente y con prioridades".
La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, señaló que hay artículos que van en contra de lo que dispone la Constitución, que expresa que es el Ministerio Público el agente de instrucción y no la Corte.
De igual forma anunció que hará sus observaciones de rechazo al proyecto al momento que lo analice el presidente Martín Torrijos, antes de ser sancionado, porque a su parecer se desnaturaliza el proceso al quitarle la facultad al Ministerio Público para investigar.
El ex presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Marcos Castillo, criticó que por un lado los diputados busquen la impunidad y que por el otro, a los periodistas, que juegan el papel de denunciar a los funcionarios corruptos, se le busque intimidar con amenazas de cárcel.
En tanto, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Enrique De Obarrio, repudió el doble discurso de los diputados que insisten en mantener un fuero procesal, mientras que a los periodistas se les persigue.
El diputado perredista Jerry Wilson manifestó que pareciera que a los diputados se les quiere negar el derecho a opinar, a disentir y a tener un criterio propio al momento de discutir este tipo de iniciativas.
"Esta aprobación la hacemos con la autoridad moral con la que desde esta misma tribuna defendimos las reformas constitucionales con las cuales eliminamos el concepto de inmunidad y que algunos consideraban era un concepto de impunidad", destacó. La Alianza Ciudadana Pro Justicia critica la nueva ley, pues contradice toda la lucha para eliminar los fueros y privilegios que empañan la justicia en el país.
Todas las decisiones que adopte la Corte dentro de las causas que se sigan contra los diputados, deben contar con el voto de las 2/3 partes del Pleno. Antes eran necesarios los votos de cinco de los nueve magistrados.
