La Asamblea Nacional ha perdido de vista sus principales funciones, al asumir el rol del Órgano Judicial y la Contraloría General.
Así evaluaron diversos sectores ante la decisión de conformar una comisión para investigar los contratos de obras de infraestructura de los últimos tres periodos constitucionales y designar a tres de sus miembros para examinar los procesos administrativos para el manejo de las donaciones y apoyos comunitarios, pese a que la Contraloría adelanta gestiones en esas materias.
Miembros de la Asamblea han rechazo estas iniciativas, calificándolas show para desviarse de sus principales tareas.
El diputado José Antonio Domínguez afirmó que será un show debido a que el periodo de seis meses que tendrá la comisión no es suficiente para investigar ni cuentan con los recursos o personal idóneo.
"No creo que dentro de la comisión haya brujo o magos, la única forma que tú puedes lograr que una comisión como esta pueda investigar tres periodos presidenciales es a través de la magia… solo la Línea 1 del Metro le tomaría más de 6 meses...", cuestionó.
Mientras, la diputada independiente Ana Matilde Gómez observó que si bien pudiera existir un mandato legal, desde el punto de vista moral, la Asamblea no tiene autoridad, toda vez que no ha sido capaz de establecer sus propios controles.
Para el dirigente gremial Fernando Cebamanos, la función única de la Asamblea debe ser legislar; sin embargo, se ha venido observando un trabajo comunitario "que no es otra cosa que clientelismo", e incluso sustituye a la Contraloría en lo que debería ser una investigación independiente.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que la Asamblea hace dos labores. La primera la construcción de normas, donde hay un déficit porque no está generando leyes que permitan tener una sociedad más justa y equitativa.
Además está la función judicial, que es cuando le toca investigar a magistrados de la Corte y citar a los miembros del Ejecutivo y exigir explicación de su labor, pero lo que ha pasado es que se han dedicado a dar asistencia a las comunidades, que no es un rol asignado a sus labores.
Sostiene que en los nombramientos que debe ratificar el Legislativo "tampoco se trata de dar un voto a ciegas, sino ver que la persona designada cumple con el perfil para el cual fue nominado".
Legalidad
160 es uno de los artículos de la Constitución que rige a los diputados.