Más de un cuarto de millón de balboas podrían recibir en compensación los 20 diputados panameños electos del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en caso de que Panamá se retire por la vía diplomática de este organismo regional.
Este monto equivale a un año de salario y no incluye viáticos ni otras prerrogativas. Los parlamentarios devengan un sueldo de B/ 1,200 mensuales y B/ 3 mil de viáticos.
El vicepresidente y canciller Juan Carlos Varela confirmó ayer que el Gobierno evalúa otorgar una compensación tal como lo establece el Convenio de Viena.
Según los registros oficiales de la Cancillería, Panamá ha invertido más de B/ 25 millones en el PARLACEN desde el inicio de este organismo en 1991.
"Al pueblo le habría agradado que ese dinero fuese destinado a mejorar sus centros de salud y las escuelas en sus comunidades", dijo.
Los países que integran el PARLACEN tienen 90 días para enviar al gobierno de Panamá su respuesta con relación a la solicitud de retiro del organismo regional presentada a los cancilleres centroamericanos.
Mensaje.
"Nadie tiene que estar donde no quiere. Panamá no va a tolerar que se irrespete la postura soberana del gobierno nacional", advirtió el Canciller.
El Tratado Constitutivo del PARLACEN no establece el método para salirse del organismo, por lo que Cancillería ha optado por acatar los procedimientos que estipula el Convenio de Viena.
Varela indicó que espera que los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) respeten la "decisión soberana" de Panamá.
“Estamos usando la vía diplomática antes de aplicar acciones como país a nivel de Gabinete y de Asamblea Nacional”, destacó el funcionario, tras rendir un informe a los medios sobre su reciente gira por Centroamérica.
Reacciones.
En tanto, la ex presidenta Mireya Moscoso defendió la labor del organismo regional, del que dijo que ha generado excelentes iniciativas, pero que no son tomadas en cuenta en este país porque no existen las reglamentaciones que lo permitan.
A pesar de ello, la ex mandataria dijo que respeta la decisión del gobierno de Ricardo Martinelli, toda vez que fue una promesa durante la pasada campaña electoral.
