La Asamblea Nacional declaró obsoleto el equipo para el voto electrónico, comprado en el 2007, por un monto de 159 mil 705 dólares, con lo cual se perdió la inversión estatal sin que este mecanismo se hubiera aplicado para detectar cómo votan los diputados en los diferentes proyectos y ratificaciones de funcionarios.
La justificación dada por el actual presidente de la Asamblea, José Muñoz, es que este es un sistema no adecuado para lo que se requiere en el parlamento panameño.
Muñoz incluso va más allá y habla de la posibilidad de adquirir un nuevo sistema, como el que se utiliza en países como Corea, Portugal y Chile, lo cual representaría un costo adicional al Estado.
Por su parte, José “Popi” Varela, ex presidente del Legislativo, dijo que cuando él asumió en julio de 2009, se tenía instalado el equipo y luego de hacer unas verificaciones y consultas se determinó que sí se podía utilizar en las votaciones.
“Una de las mayores preocupaciones era el tema de la seguridad, ya que se le daba una tarjeta al diputado principal y otra al suplente habilitado, y eso permitía que en un momento dado alguien pudiera votar usando la tarjeta del otro”, manifestó Varela.
Explicó que tras detectar el riesgo que se corría, se llegó a la conclusión de que la mejor forma de evitar una irregularidad era que cada tarjeta tuviera la huella digital, pero este no era el caso del nuevo sistema.
Agregó que se confeccionaron las tarjetas y se puso en práctica el mecanismo, entregando por día el documento al diputado, pero surgieron otros inconvenientes en la votación.
Afirmó que hubo la intención de registrar cómo votaba cada diputado; sin embargo se vio la dificultad de aprobar leyes con muchos artículos, porque había que reiniciar en cada uno el sistema e insertar nuevamente la tarjeta, por lo cual se decidió que solo se usaría en los terceros debates.
Luego de ver que el sistema no funcionó se paralizó, destacó el diputado.
Despilfarro.
Para el dirigente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Roberto Bruneau, esta situación demuestra una vez más que a los diputados no les interesa malgastar y despilfarrar los dineros del Estado.
“El problema no es solo que no se utilizó, sino que se le prohíbe a la ciudadanía que pueda tener acceso a la información de la posición que asumen los diputados ante determinados temas de interés nacional”, expresó el dirigente.
Destacó que lo que ha sucedido es que los diputados se percataron de que si utilizaban este mecanismo, la población se podría enterar de sus actuaciones en el Pleno en detrimento, muchas veces, de quienes los eligieron en las elecciones.
Por su parte, Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, solicitó a la Contraloría de la República y al Ministerio Público que inicien una investigación para ver qué sucedió realmente con ese sistema que le costó dinero al Estado.
Montenegro añadió que quien compró el equipo debe pagar el total de la inversión, porque debió prever que el mismo no era el adecuado para las necesidades de la Asamblea.
“Creo que ellos mismos hicieron que el sistema no resultara, para que no los fiscalizaran”, señaló.
