Una discrepancia de opiniones ha surgido entre el gobierno panameño y las altas esferas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por el manejo y la atención de los refugiados colombianos que se encuentran en la provincia de Darién, así lo informó el director de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR) del Ministerio de Gobierno y Justicia, José del Carmen Serracín.
Serracín manifestó que "a veces chocamos, pero esa no es la idea, la idea es que respetando la Constitución Nacional y los convenios establecidos entre Panamá y el Alto Nivel de las Naciones Unidas (ACNUR), se llegue a acuerdos donde se les dé mejor atención a los refugiados".
Explicó que Panamá tiene su opinión sobre cómo se debe tratar a los desplazados y cómo evaluar los casos para saber si llenan los requisitos para ser considerados refugiados o no.
Según cifras que proporcionó esta dirección, hasta 1998 el número de refugiados colombianos en la provincia de Darién era de mil 665.
Serracín indicó además que se iniciará una revisión de las condiciones de los refugiados colombianos en la provincia de Darién, con el propósito de respetar el cumplimiento de los acuerdos existentes en esta materia por parte del nuevo gobierno.
Además hará una gira que tiene como objetivo hacer las entrevistas correspondientes a los desplazados que se encuentran establecidos en las comunidades de Yaviza, El Real, Yapé y Boca Cupe, para evaluar quienes cumplen con los requisitos para recibir la condición de refugiados de acuerdo a las leyes panameñas.
Según Serracín la observación obedece a que tanto la ACNUR como el Gobierno deben mantener una supervisión permanente para conocer si los proyectos de aves y porcinocultores cumplen con los requisitos.
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