Discrepancias por píldora "del día después"

La "píldora del día después", conocida como de "emergencia o postcoital", podría ser utilizada por mujeres que han sido víctimas de violación carnal
Magalli Zevallos, de la Oficina de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (MINSA), aclaró que esta píldora es un método recomendado para situaciones especiales. Por ejemplo, en mujeres violadas o las que han olvidado tomar sus pastillas anticonceptivas.
"No es un método que está recomendado para usar de rutina, ya que no tiene la efectividad del usual", explicó la doctora Zevallos.
Sostuvo que la píldora debe ser utilizada en las primeras 72 horas de la relación sexual no protegida, para que tenga los mejores efectos. "Produce una alteración de toda la fisiología hormonal de la paciente que evita el embarazo, por tanto no es abortivo, sino una medida de precaución", explicó.
Por su parte, la señora Marina Videgaín de Españó, directora ejecutiva de la Fundación Vida y Familia, señaló que "la píldora es un abortivo químico, que contiene estrógeno y progestina, en dosis doble de la píldora regular". Indicó que puede ocasionar mareos, vómitos, sensibilidad en senos, retención de líquidos y dolor de cabeza, con el agravante que aumenta el riesgo de cáncer de mama, de un embarazo ectópico, cáncer e infertilidad. Pero la feminista Nidia Martínez, del Centro de Asistencia Legal Popular, afirmó que la píldora le da la opción a la mujer de escoger si desea procrear un hijo o no.
Tanto Saied como Ho, coinciden en que si se van a otorgar los beneficios fiscales, lo más importante es que se pidan los resultados, basados en metas de inversión, crecimiento y generación de empleos.
Según Saied si las metas no se cumplen no se debe dotar de este tipo de beneficio fiscal. Agrega que estos beneficios fiscales deben otorgarse por un período de tiempo determinado y no de manera permanente o muy prolongados.
La vigencia del CFI es de 8 años, luego de aprobado, sin embargo la creación de este incentivo no tiene un período de vida específico para el Estado.
Lo anterior significa que en la actualidad es muy difícil tratar de cuantificar cuánto sería el sacrificio fiscal del país, y mucho menos cuántas empresas se acogerán a este beneficio.
Rafael Stanziola, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) aseguró ayer que el sacrificio fiscal del gobierno al sector industrial se estima en el orden de los 30 a 40 millones de dólares anuales.
Sin embargo, pese a los argumentos de Stanziola, los cuestionamientos de empresarios y expertos en comercio exterior continúan en medio de las discusiones de una ley de Fomento Industrial la cual estiman significará la extensión de los subsidios al sector.
Más aún cuando en los últimos años, la industria no ha incrementado su aporte al Estado panameño. La industria aporta al PIB un 9%.
Al respecto Stanziola manifestó que el descenso del sector industrial viene dado desde la baja "abrupta" del techo arancelario durante la administración de Pérez Balladares,
1997 la cual no tuvo en cuenta la gradualidad y la reciprocidad. Panamá asegura, es el único país de América Latina que posee los aranceles más bajos y no tiene reciprocidad arancelaria por parte de los demás países.
Por ejemplo, mientras el país tiene un arancel para el sector textil de 15%, en el resto de los países centroamericanos éste rubro tiene aranceles que van entre 32% a 35%.
A consecuencia de estos aranceles se han retirado una gran cantidad de industrias del país como la Kraft, Colgate Palmolive, El Gallo, y otras.
En ese sentido, destacó que con la Ley de Fomento Industrial no se está pidiendo subsidio, ni subvención sino solicitando una política que permita que Panamá traiga inversiones al país.
Stanziola explicó que el Certificado de Fomento Industrial que será otorgado por un término de 8 años, sólo tendrá aplicación cuando las industrias generen la riqueza de la inversión realizada, de lo contrario, el industrial no lo podrá recibir.
Sin embargo, si este certificado no es utilizado en el término estipulado no podrá ser renovado por el empresario porque no generó utilidades al Estado.
Es decir, sólo podrá utilizarse en los años fiscales que registren ganancias. En el año 2005 deben cesar las compensaciones otorgadas al sector industrial entre ellos: los Certificados de Abono Tributario, el Registro Industrial, la zona procesadora para la exportación.
Los industriales insisten en que Panamá es el único país del mundo que no ha tomado las previsiones para tener un instrumento legal que le permita atraer inversiones.