La legalidad del último ajuste de peaje en el Corredor Sur fue puesta en tela de juicio por varios abogados. El contrato 70-96 entre ICA Panamá y el Estado estipula que cualquier solicitud de incremento de tarifas debe ser aprobada por el Consejo de Gabinete.
Sin embargo, el aumento de 10% -que autorizó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a inicios del mes pasado- no tiene el aval del Consejo de Gabinete que tiene la potestad de aceptar o rechazar cualquier variación de tarifas.
César Omar Pinilla, asesor legal del Ministerio de Obras Públicas (MOP), salió al paso de los señalamientos del abogado Miguel Antonio Bernal, quien alertó sobre la supuesta ilegalidad.
De hecho, esta cláusula fue aprobada mediante la Resolución de Gabinete N° 175 del 1 de agosto de 1996, publicada en la Gaceta Oficial 23,097 del 8 de agosto de 1996 que secundó el contrato.
ICA solo puede aumentar el peaje por un valor igual a la variación sufrida por el Índice de Precios del Consumidor vigente suministrado por la Contraloría. De igual manera, por la inflación cada año a partir del último ajuste realizado y durante todo el plazo de la concesión.
La cláusula IV del contrato precisa que el concesionario tendrá derecho a solicitar aumento de peajes a partir del noveno año, si dentro de los tres meses siguientes a cada año fiscal el ingreso por las tarifas no llega al monto total recuperable de acuerdo con el programa financiero presentado.
En marzo pasado, ICA Panamá abrió sus estados financieros al MOP reflejando pérdidas.
