Diversas asociaciones ambientalistas advierten que interpondrán recursos ante la Corte Suprema de Justicia, si la Asamblea Nacional no restituye la prohibición de la pesca incidental de atún con redes de cerco en la isla protegida de Coiba.
Lamentaron que el presidente Martín Torrijos no haya "cumplido su palabra de subsanar su error" al derogar la exclusión de pesca cuando aprobó la Ley sobre Comercio Marítimo que permite la pesca en las zonas aledañas a la isla de Coiba y el archipiélago de Las Perlas.
El secretario general de la Asociación de Pesca Deportiva, Luis López, manifestó que diversas agrupaciones analizan entablar el recurso legal en caso de que hoy la Comisión de Ambiente no apruebe una norma que restituya la Ley.
"Los diputados están favoreciendo a los atuneros al dilatar la restitución de la ley", sostuvo López.
Denunció que la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) "está escondiendo información" al no divulgar un informe de la Comisión Internacional del Atún Tropical (CIAT), que revela que en el ciclo migratorio del atún aleta amarilla este entra a los golfos de Panamá y Chiriquí a desovar.
Más víctimas.
Al año mueren alrededor de 30 mil delfines en manos de la industria atunera, expresó López. Dijo que las autoridades "no quieren ver el grave impacto" que tienen estas pescas con redes de cerco que también han cobrado la vida de tiburones ballena.
Asimismo, coincidió la presidenta de la Sociedad Audubon de Panamá, Rosabel Miró, quien expresó: "es penoso que Panamá no cumpla con los acuerdos internacionales en materia ambiental".
La Fundación MarViva ha advertido que en 5 años desaparecerá el atún si se sigue permitiendo la pesca con las redes de cerco en zonas protegidas.
Por su parte, el diputado José Blandón declaró que el Ejecutivo "no tiene la voluntad política" para solucionar su "error" que podría provocar la entrada del país a una nueva lista negra.
