@ERikaZayuky
Habiendo un panorama inconcluso en el sistema de transporte público, en el que transportistas buscan cómo formar parte del mismo, surge un divisionismo a lo interno de este sector.
A raíz de la demanda de inconstitutucionalidad contra la Ley 14 de 1993 y la Ley 34 de 1999, por la que se crea la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) muestra su rechazo a dicha acción, toda vez que le abriría paso a extranjeros para apropiarse del sistema.
La acción fue interpuesta hace dos semanas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el abogado Benito Mojica, en calidad de representante de un grupo de transportistas que denuncian el monopolio que hay en el transporte por parte de quienes controlan las prestatarias.
El presidente de la Canatra, Dionisio Ortega, salió al paso a la defensa de dichas organizaciones, de las cuales unas 315 operan a nivel nacional. “Se trata de un grupo de transportistas o extranjeros que quieren apropiarse del sistema”, resaltó.
Ayer, Ortega y otros transportistas que pertenecen al gremio acudieron a la Corte para hacer una solicitud de anulación contra la acción presentada por Mojica, pero no se hizo, ya que todavía no ha sido admitida.
Para Ortega, esto va en contra de todos los transportistas del país que ya han hecho sus inversiones, toda vez que si la demanda prospera, cualquiera puede comprar buses y comenzar a operar en el sistema.
El dirigente transportista, además recordó que ya existe un fallo de la Corte del año 1999 a favor de las organizaciones o prestatarias.
Canatra se mantiene alerta ante cualquier situación que resulte por parte de la Corte.
Al respecto, Mojica señaló que contra la demanda solo cabe que se le dé traslado al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Administración para que expongan si están de acuerdo o no y que, luego la CSJ resuelva.
El jurista comentó que demandaron ambas leyes porque exigen que las personas que iban a prestar servicio para participar como prestataria tenían que contar con personería jurídica y les daban como plazo seis meses.
Esto, a juicio de Mojica, es inconstitucional, debido a que la Constitución de la República no exige que se debe tener personería jurídica para brindar el servicio de transporte público.
Aparte, citó que la Ley 14 reconoce que los nacionales pueden prestar ese servicio.
Hace como un mes, algunos transportistas han sostenido conversaciones con la empresa Volvo, en Brasil, para presentarle una propuesta al Gobierno sobre el modelo de vehículo que pueda implementarse para operar en las rutas internas.
Sistema
- 315 prestatarias organizadas a nivel nacional que operan el sistema.
- 105 rutas internas operando en la ciudad capital y el distrito de San Miguelito.
- 1 empresa administra el transporte en la capital.
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