Una avioneta Cessna monomotor con matrícula HP 321 se precipitó a tierra cuando realizaba una maniobra de despegue en el área de la pista del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, de Albrook, provocando fracturas de piernas y brazos a sus dos ocupantes.
El piloto Vladimir López y el copiloto Higinio Rodríguez sufrieron heridas de consideración y luego de ser atendidos por personal médico de la Caja de Seguro Social y del Cuerpo de Bomberos de Panamá, fueron llevados inmediatamente a un centro hospitalario.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 10:40 de la mañana momentos en que la nave se dirigía hacia la comarca Kuna Yala, región donde se comercializan mariscos.
Luego de caer, la nave de color "rojo vino" sufrió severos daños en su fuselaje y presuntamente también en sus partes mecánicas. La avioneta tiene en la parte exterior la inscripción: "El inmortal".
Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil realizaban las inspecciones correspondientes en el lugar del accidente, sin embargo aun no se había emitido un comunicado oficial al respecto.
En el año 2001 la CSS integró una comisión para que analizara a fondo este tema y recomendara una solución. En ésta participaron representantes de la entidad y las universidades de Panamá, Latina y Columbus University.
Esta comisión realizó una profunda consulta, en la que los representantes de la universidad oficial presentaron sus argumentos de rechazo a los requerimientos de las entidades privadas, y se elaboró un borrador de convenio, "que fue intercambiado entre las partes", a fin de concretizarlo a la mayor brevedad posible.
Posteriormente, el 30 de agosto de 2001, la Junta Directiva de la CSS aprobó una Resolución que otorgaba un plazo de seis meses para que la Dirección General de la institución formalizara convenios con las universidades privadas y se establecieran los aportes monetarios y en especie que esas instituciones deberán realizar a la entidad.
Según el director de Planificación de la CSS, este proceso se encuentra en su etapa final, por lo que no debe surgir ningún problema para que en las próximas semanas se pueda concluir el proceso a satisfacción de la CSS y de las universidades.
Sin embargo, para Mendoza la resolución de la Junta Directiva de la CSS pretende desligar unilateralmente a la entidad de la obligación de prestar facilidades a los estudiantes de la UP, para que lleven a cabo su entrenamiento en las instalaciones del Complejo Hospitalario Metropolitano.
A su vez, desconoce la existencia de un derecho preferencial a favor de los estudiantes de medicina y carreras afines, cuya génesis se encuentra en la donación de un terreno para la construcción del Complejo Hospitalario hecha a la CSS por parte de la UP, tal como se desprende de los argumentos planteados por Mendoza.
El docente considera, además, que con sus actuaciones la CSS ha incumplido con la contraprestación principal de cooperar, a través de sus departamentos, con los programas de docencia de la Universidad de Panamá en los que participan sus estudiantes de medicina y carreras relacionadas, compromiso que fue delimitado en el Convenio Reglamentario que para este fin fue suscrito desde el año 1972.
Por otro lado, Mendoza alega que el Decreto Ley Número 16 de 11 de julio de 1963, que reglamenta el establecimiento y funcionamiento de las universidades privadas, establece que éstas deben disponer de recursos económicos propios para asegurar su funcionamiento eficiente.
La norma exige también que las universidades particulares tengan edificios e instalaciones que brinden condiciones apropiadas para la enseñanza que imparten. Por tal razón, las instituciones del Estado, como la CSS, no pueden suplir la carencia de estructuras de los centros de enseñanza privados.
La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, considera que a todo estudiante de medicina, sea de universidades públicas o privadas, se le debe brindar las facilidades hospitalarias para que adquieran la instrucción clínica indispensable y generalmente aceptada por la ciencia médica.
En respuesta a una consulta elevada por el Decano de la Facultad de Medicina de la UP, la procuradora considera que la enseñanza de la medicina debe ser analizada desde perspectivas sociales y de interés público, pues su destinatario oficial es el ser humano, en su cuerpo y mente.
No obstante, aclaró que si se admite a las universidades privadas utilizar los las facilidades físicas y tecnológicas de los hospitales públicos, éstas deben pagar una justa compensación económica al centro hospitalario respectivo.
La funcionaria recomendó a la Universidad de Panamá, promover una reglamentación integral en torno al uso de las instalaciones hospitalarias oficiales, teniendo en cuenta a todos los sectores involucrados.
Aunque ambas universidades privadas han tenido acceso a las instalaciones hospitalarias del Ministerio de Salud para cumplir con las prácticas clínicas establecidas en sus respectivos planes de estudio, no deja de ser "importante" la experiencia que podrían adquirir los estudiantes en las instalaciones de la CSS.
Emperatriz de Quintero, decana de la Facultad de Medicina de la Columbus University, indicó que "la Columbus" tiene una cátedra de geriatría y de gerontología, y la única entidad que tiene estos servicios es la CSS. Por ello, agregó, les interesa acceder a esos servicios, para que sus estudiantes se fogueen allí. "El interés no es pelear espacios", aclaró.
Además, reconoce que la falta de acceso para los estudiantes a las instalaciones de la CSS está creando un vacío en su formación, porque se les está privando de la experiencia de atender poblaciones aseguradas, sobre todo a nivel primario, es decir, en los hospitales regionales.
Por su parte, Staff indicó que es importante que los futuros médicos se formen teniendo experiencias y conocimientos sobre las diferentes realidades de salud del país, y eso podría lograrse si también tienen acceso a la población panameña asegurada.
Tanto la Universidad Latina como la Columbus University han firmado "provechosos" convenios con el Ministerio de Salud (MINSA) y con los patronatos que regentan el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño y el Hospital Nicolás Solano, lo que ha permitido las rotaciones clínicas de los estudiantes. También han podido utilizar algunos centros de salud del área metropolitana y San Miguelito.
Como parte de estos acuerdos, informaron Staff y Quintero, las universidades dan a los patronatos un aporte económico por cada estudiante y a la vez colaboraran con seminarios de actualización y mejoramiento académico de los médicos, enfermeras y profesionales afines que laboran en los hospitales.
Cada semestre el Patronato del Hospital Santo Tomás, por ejemplo, recibe B/. 150 por cada estudiante, lo que constituye una contribución importante si se toma en consideración que la Universidad Latina tiene unos 130 estudiantes en el nivel clínico, mientras que la Columbus University tiene aproximadamente 120.
Con satisfacción, Staff señaló que desde hace varios semestres la CSS ha seleccionado entre un 30% y un 40% de los egresados de la Universidad Latina para que realicen en sus instalaciones el internado que se exige como requisito previo para obtener la idoneidad.
A juicio de Staff, en esta relación, que ha sido productiva y de gran colaboración, el Seguro Social ha podido medir el trabajo y la calidad de la formación que reciben "nuestros egresados".
Por su parte, Quintero reconoció que la CSS también ha seleccionado a un número menor de sus egresados para el internado, no obstante, atribuyó esta situación a la necesidad de "recurso humano" que enfrenta la entidad de seguridad social, "porque ha sido objeto de muchas críticas por parte de la población que demanda servicios a tiempo y de calidad".
Con miras a buscar una solución a la distribución del estudiantado en todas las instalaciones hospitalarias del país, Carlos Staff recomendó definir cuáles son los hospitales con capacidad docente y cuál es la capacidad de recepción de estudiantes de cada uno de ellos y, sobre esa base, hacer una distribución equitativa de los espacios.
Esta distribución equitativa, agregó, debe estar contenida en un "plan nacional de rotación clínico-quirúrgica", que permita a todos los estudiantes pasar por las mismas experiencias, y acceder a una educación de calidad enmarcada en lo que el país demanda.
Asimismo sugirió que, como una forma de darle prioridad al estudiante de la UP, se les asignen los primeros espacios de las prácticas, pues esta facultad tiene un prestigio ganado que nadie puede poner en duda.
Por su parte, Emperatriz de Quintero considera que con organización y planificación puede hacerse un calendario de rotaciones clínicas, y se podrá comprobar que hay espacio para todos "y sobra", tal como lo han hecho la Columbus University y la Latina en las instalaciones del Ministerio de Salud.
En ese sentido, señaló que desde hace dos semestres, los estudiantes de ambas universidades realizan sus rotaciones en hospitales del MINSA y hasta ahora no se ha presentado "esa situación de desastres, que vislumbraba el decano Mendoza", quien aseguraba que los pacientes iban a estar muy demandados por los futuros médicos.
Ello es así, sostuvo, porque en los convenios se ha establecido que los preceptores clínicos, es decir, los funcionarios de la institución, no deben atender más de cinco estudiantes.
Para el decano de la Facultad de Medicina de la UP, Enrique Mendoza, un aspecto que no debe perderse de vista es que las universidades privadas son agentes económicos y, "desde una perspectiva ética, no deben lucrar con los bienes del Estado".
A su juicio, lo anterior es evidenciado en la reciente resolución N° 201-2756 de 25 de septiembre de 2002, dictada por la Dirección General de Ingresos y promulgada en la Gaceta Oficial, que elimina el privilegio que tenían las universidades privadas de no pagar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles.
Sobre este particular, Mendoza citó una noticia publicada en El Panamá América sobre este tema en la que se afirma que "fuentes del sector educativo consultados sobre la aplicación de esta medida explicaron que ésta obedece a que el Gobierno considera a la educación superior privada como un negocio bien lucrativo".
Sin embargo, para los voceros de las facultades de medicina particulares, éstas están llenando un vacío que existía en el país, pues vale recordar que previo a su creación, un número importante de jóvenes panameños que no alcanzaban un cupo para estudiar medicina y carreras afines en la Universidad de Panamá se iban al extranjero, lo que representa una gran fuga de divisas para el país.
Staff explicó que en el año de 1992 se realizó un estudio que determinó que anualmente once millones de dólares se escapaban del país, debido al alto número de jóvenes panameños que se iban a otros países a formarse en estas profesiones, no obstante, desconoce cómo ha cambiado esta situación en la actualidad.
Explicó que de no existir las nuevas facultades de medicina, quizás un tercio de los jóvenes que allí se forman, se hubiese ido a México, Costa Rica u otros países, mientras que los restantes no hubiesen podido continuar sus estudios y hubieran visto frustradas sus aspiraciones.
