El director del diario El Panamá América, Octavio Amat, dijo ayer en calidad de testigo durante la audiencia celebrada contra los periodistas Marcel Chéry y Gustavo Aparicio, por el delito de calumnia e injuria en perjuicio del magistrado Winston Spadafora, no confiar en la imparcialidad del Juzgado Decimocuarto al momento de emitir un veredicto dentro de este proceso.
Durante la audiencia desarrollada ayer, el abogado Jaime Abad, quien actuó como representante legal de Winston Spadafora, inquirió a Amat sobre si confiaba en la imparcialidad del tribunal al momento de brindar un veredicto, a lo que respondió, no.
Amat también calificó como un absurdo la querella presentada contra los periodistas Chéry y Aparicio, debido a que en el reportaje publicado por ambos no se efectuó ninguna imputación contra el magistrado Spadafora, ni el contralor Weeden y sólo se puso de manifiesto una situación concreta.
Detalló que en declaraciones posteriores del propio contralor Weeden, éste aceptó tener una finca en ese lugar e incluso admitió que maquinaria del Fondo de Emergencia Social (FIS) realizó trabajos allí, pero en horas libres y que pagó de su bolsillo el tiempo laborado.
Por su parte, el jefe de Información de El Panamá América, Arnulfo Barroso, planteó que en una entrevista el propio Weeden aceptó haber cometido un desliz al permitir que dicha maquinaria permaneciera en su propiedad por temor a que sufriera un daño.
En tanto, el testigo Hernán García confirmó la versión publicada por el diario El Panamá América el 8 de marzo del 2001, cuando en esa edición apareció un reportaje en donde se informaba de la construcción de una carretera en la comunidad de Los Huiles, en La Chorrera, que llegaba hasta las propiedades de Weeden y Spadafora.
García explicó que la información sobre la construcción de la carretera le fue proporcionada por el abogado Hermes Alvarado y que acompañó al equipo de periodistas hasta el lugar en donde pudo confirmar esta situación.
Sostuvo que en ningún momento se violó la propiedad privada, ya que al llegar al lugar un empleado los invitó a pasar e incluso lograron realizar un pequeño recorrido.
También se tomó el testimonio de los peritos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Juan de La Cruz y Lisandro Ramírez, quienes dijeron no haber elaborado un informe de la inspección ocular realizada.
No obstante, la audiencia fue suspendida hasta el próximo viernes, luego que el abogado Rogelio Saltarín sufriera quebrantos de salud y solicitara al tribunal posponer el juicio.
Por su parte, el adjunto de la Defensoría del Pueblo, Guido Rodríguez, estimó necesario sacar de la esfera penal los delitos de calumnia e injuria y trasladarlos hacia el ámbito civil.
Añadió que esta corriente en materia judicial está siendo asumida por la mayoría de los países.
Mencionó que en la coordinación de la CSS, en la Policlínica Horacio Díaz Gómez, en el Hospital Ezequiel Abadía de Soná y en el resto de las instalaciones a nivel de la provincia, se apoyó el paro.
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