EEUU alerta por acoso a medios y corrupción judicial

ESTADOS Unidos (EEUU) alerta en su reporte sobre las presiones de un alto funcionario del Órgano Judicial contra comunicadores sociales vinculados al diario Panamá América. Que el 17 de agosto "se conoció de los casos de los periodistas Marcel Chéry y Gustavo Aparicio, que fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia".
El informe recalca que el magistrado Winston Spadafora demandó por dos millones de dólares por daños civiles a los dos periodistas, "por reportar sobre la construcción de un camino privado cerca de la residencia del jurista, utilizando fondos públicos" y que "altos funcionarios panameños, incluyendo el presidente Martín Torrijos, expresaron su preocupación por las motivaciones y consecuencias de estas demandas" contra el medio de prensa.
El Departamento de Estado recordó que el 29 de junio, el gobierno panameño eliminó las "leyes mordaza", pero que "todavía se mantienen varias acciones legales contra los reporteros", una situación denunciada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras.
A la vez, el informe destacó que Torrijos firmó y ejecutó la Ley 22 para eliminar la censura previa que se hacía al monitorear transmisiones radiales y que debían ser autorizadas, so pena de sanciones por violar las normas de la moralidad, retirando el lenguaje vulgar, profano y obsceno.
En el caso de los abusos contra los reos, el documento indica que "los custodios ocasionalmente maltratan a los presos". Se critica el hecho de que habiendo denuncias de abusos, el Ministerio Público no suele dar estadísticas y demás cifras en cuanto a investigaciones en contra de los custodios.
Sobre la situación carcelaria, "las prisiones se mantienen a su máxima capacidad, que es para 7, 213 detenidos, pero actualmente hay unas 11, 748 personas en esos lugares".
Washington también acogió la denuncia de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos (grupo defensor de los derechos de los homosexuales), sobre el intento de asesinato en contra de dos personas de esta tendencia.
Para EEUU, "la percepción pública sobre los órganos Ejecutivo y Legislativo considera que persisten elevados niveles de corrupción".
"En comparación con años anteriores, hay muy pocas investigaciones sobre casos de corrupción en contra de diputados de la Asamblea Nacional. El gobierno audita cuentas a nivel de agencia, despidiendo de vez en cuando a funcionarios por malversación de fondos, retirando pasaportes diplomáticos dados de forma dudosa y acusando a directivos de algunas entidades por corrupción de bajo nivel", indica el reporte.
Se señala que por ahora en Panamá no habrá más reformas sobre calumnia e injuria. También se denuncian las condiciones infrahumanas de las prisiones en el interior de la República.
El informe considera que la Defensoría del Pueblo, dirigida por Juan Antonio Tejada, "tiene moral, pero no autoridad legal". Pese a esto, labora eficientemente. En el caso de las desapariciones, se destacó el trabajo de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.