La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no escapó de los reportes que la Embajada de Estados Unidos envió a Wa- shington. Para la representación diplomática casi no existen dudas de que esta entidad está “sumergida en la corrupción” debido a las actuaciones de sus magistrados.
Ello quedó plasmado en al menos tres cables diplomáticos que fueron entregados por Wikileaks al diario Panamá América.
Uno de estos cables fue enviado en mayo de 2004 y describe el papel de la CSJ en un caso de tráfico ilegal de armas dentro del buque “Otterloo”, sobre el que Estados Unidos concluyó, basándose en varias fuentes, que ocho de los nueve magistrados panameños recibieron “sobornos para archivar el expediente” y dejar en libertad al único detenido por el hecho, el israelí Shimon Yalin Yelinek, quien también era investigado por la DEA por un caso de lavado de dinero.
Se trató de la compra de un cargamento de 3 mil fusiles AK-47 y 5 millones de municiones que fueron compradas al Ejército de Nicaragua con una orden falsa de la Policía Nacional de Panamá, cargamento que finalmente terminó en manos de las FARC de Colombia en noviembre de 2001.
Ocho magistrados de la CSJ, Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Rogelio Fábrega, Aníbal Salas, Graciela Dixon, César Pereira Burgos, José Troyano y Arturo Hoyos basaron su decisión de anular el caso de Yelinek en una supuesta falta de nexos evidenciales con Panamá para tener jurisdicción.
El magistrado Adán Arnulfo Arjona salvó su voto en este caso por no estar de acuerdo con que se ordenara el archivo del expediente.
Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos dijo que el fallo de los magistrados ignoró que el buque “Otterloo” tenía bandera panameña y que la compañía dueña tenía sede en Panamá. También sostuvo que los magistrados pasaron por alto que la orden de compra falsificada fue un documento de la Policía Nacional de Panamá.
“Nosotros creemos que este tipo de corrupción en la Corte representa una amenaza para los intereses económicos y de la seguridad de Estados Unidos en Panamá”, sostiene el cable.
La misión diplomática también recomendó sanciones como respuesta a la decisión “dudosa” tomada por la CSJ. en el caso Otterloo. “La Embajada está evaluando si una revocación de las visas será apropiada para cualquiera de los individuos implicados en este caso. Otra opción que consideraremos es suspender la asistencia económica de USAID a la CSJ, canalizándola en su lugar a la sociedad civil”, planteó la embajada.
EE.UU. también pidió poner bajo vigilancia al abogado Carlos Carrillo, representante legal de Yelinek. El reporte enumera a una lista de clientes de Carrillo que para Estados Unidos levantan alerta. Entre ellos el político Pedro Miguel González, la hermana del traficante de drogas Jesús Arcángel Henao Montoya y el ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
Como información complementaria al reporte del caso Otterloo, la embajada estadounidense cita al magistrado Adán Arnulfo Arjona, quien se lamentó de las decisiones poco transparentes del entonces presidente de la CSJ, César Pereira Burgos, entre ellas dos fallos diferentes en casos idénticos.
En otro cable, fechado el 16 de septiembre de 2009, Estados Unidos también dijo en una parte de su reporte que Arjona y muchas otras fuentes han indicado que dos miembros de la Sala Tercera, Winston Spadafora en particular y Víctor Benavides en menor grado, son “corruptos”. EE.UU. resaltó en ese cable que Spadafora tiene su visa de EU revocada por su presunta participación en el tráfico ilegal de personas.
