El Ejecutivo está en capacidad legal y constitucional de ordenar la contención del gasto público en el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Legislativa, la Contraloría de la República o cualquier otra institución, cuando considere necesario y en los renglones que estime, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 21 de agosto pasado.
Jorge Alberto Rosas, legislador del Partido MOLIRENA, explicó que según el fallo se declaró inconstitucional el artículo 247-B del Reglamento Interno legislativo que disponía que en caso de contención del presupuesto, la cifra que se aplicaría a la Asamblea y la Contraloría no sería superior a la proporción de la reducción del presupuesto de gastos del sector público en su conjunto. Según lo establecía el artículo declarado inconstitucional, "ambas instituciones determinarán los objetos del gasto donde se aplicarán los ajustes, los que serán comunicados al Organo Ejecutivo".
Rosas dijo que una vez declarado inconstitucional este artículo, corresponderá al Ejecutivo determinar los renglones o rubros en los cuales se aplicarían los recortes en caso de contención y no a la Asamblea o la Contraloría como se establecía anteriormente.
La decisión de la Corte Suprema, plasmada en un fallo emitido el 21 de agosto, surge a solicitud de la aclaración de sentencia de inconstitucionalidad presentada por Nander Pitty Velásquez, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Por medio del fallo, la Corte determinó que la norma declarada inconstitucional vulnera los artículos 264, 265, 268 y 157 de la Constitucional Nacional. El fallo de la Corte deja claro que resulta violatorio a la Constitución Nacional otorgar a la Asamblea Legislativa y la Contraloría, la potestad de adoptar su propio plan de contención del gasto, ya que esta es una función que corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Con respecto a la definición de las partidas circuitales, solicitada por Pitty Velásquez, la Corte consideró que acceder a esta aclaración, constituye atribuciones que no le corresponden ya que "estaría invadiendo" potestades que corresponden a la Asamblea Legislativa.