L a advertencia del Pacto de Estado por la Justicia de que la falta de presupuesto pone en peligro la implementación del sistema penal acusatorio, motivó críticas contra el Ejecutivo por la “desidia y falta de interés” con que asigna recursos al Órgano Judicial.
Los miembros del Pacto solicitan ahora al nuevo Gobierno la asignación de B/ 8 millones para nombrar personal y adecuar estructuras que permitan poner a andar el nuevo sistema a partir del próximo 2 de septiembre.
El ex procurador de la Nación, Rogelio Cruz, teme que la “desidia” con que se asignan fondos a la justicia pueda favorecer intereses particulares ajenos al sistema judicial.
Advirtió que los presidentes de la República quieren "meter sus manos" en el Órgano Judicial y en el Ministerio Público, para que no investiguen o fallen de manera "independiente", como indica la Ley.
Cruz mira con sospecha que a la Procuraduría de la Nación le quitaran la investigación preliminar de los delitos, para otorgársela a la Policía Nacional, "bajo el manejo" del Ejecutivo.
Mientras que el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, recordó que la Constitución Política asigna un 2% de los ingresos generales del Estado a la justicia, pero en la práctica el Ejecutivo mantiene una política “restrictiva” con el Órgano Judicial.
Cuestionó el que los órganos Ejecutivo y Legislativo, como entes políticos del país, sean los "más beneficiados" con el presupuesto, dejando a la justicia "limitada" para ejecutar leyes.
Esto, según el jurista, crea un ambiente de "desconfianza" para los inversionistas y restricciones para bajar la mora judicial.
Molino Mola dijo que se están "desviando" los fondos para los otros dos órganos, sin considerar que se atenta contra la estabilidad de la democracia y los derechos de las personas.
Peligro.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, indicó que por la falta de presupuesto peligra el inicio del sistema acusatorio en el Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, que debiera funcionar desde septiembre.
Castillo solicitó B/ 8 millones al presidente Martín Torrijos y al mandatario electo, Ricardo Martinelli, para que inicie el nuevo sistema, ya que una prórroga sería perjudicial para la imagen internacional del país.
Advirtió que negar estos fondos sería mantener la “agonía del sistema caduco” que rige en la actualidad.
En tanto, la presidenta del Colegio de Abogados, Marta López, señaló que se necesita apoyo económico para implementar el sistema acusatorio y evitar que sigan aumentando los problemas judiciales.
Enfatizó que se requiere capacitar y nombrar personal idóneo, pero por la falta de presupuesto la situación se agrava.
Todos coinciden en que Panamá, “una vez más”, incumple al no mantener un sistema transparente, eficaz, independiente y eficiente.
