Al parecer, el Ejecutivo quiere poner fin a la situación que impera en las universidades privadas. Para ello, preparó un decreto que mantiene en pie de lucha a las universidades particulares.
Se trata de una reglamentación de la Ley 30 del 20 de julio de 2006, que establece en su Artículo 97 que “las universidades particulares solo podrán expedir títulos o diplomas de aquellas carreras, cuyos planes y programas sean aprobados por la Comisión Técnica Fiscalizadora; de lo contrario, no tendrán validez legal”.
Asimismo, los procesos de evaluación y acreditación tendrán un carácter obligatorio para las universidades oficiales y particulares, con la aprobación definitiva del Ministerio de Educación.
Igualmente, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) publicará semestralmente, a través de los medios de comunicación, el nombre de las instituciones y programas que logren su acreditación.
El proyecto establece que el Estado garantizará la sostenibilidad financiera y económica del sistema. Agrega que las universidades particulares aprobadas aportarán al sistema el 0.1% de los ingresos netos de su matrícula anual.
A las universidades que se les niegue por segunda vez su acreditación, podrán ser suspendidas temporalmente o cerradas definitivamente. Lo mismo ocurrirá con los programas que no cumplan con los estándares establecidos para su acreditación.
Las universidades tendrán dos años, a partir de la fecha de aprobación, para iniciar funciones. Vencido el plazo, se les cancelará la autorización otorgada.
De igual manera, las actividades de la supervisión y el seguimiento de los planes de estudio por la Comisión Técnica Fiscalizadora podrán ser programadas o de forma sorpresiva.
Miembros de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPPA) advirtieron que no fueron consultados para la reglamentación de la ley, que dicen, los afecta.
Rosario Coya, presidenta de la AUPPA, consideró que esta norma viola la autonomía universitaria y financiera de las universidades privadas. Expresó que el gremio está dispuesto a trabajar de forma coordinada con el Ministerio de Educación para mejorar el sistema de la educación superior en Panamá. “La ley parece obstaculizar el proceso”, dijo.
