EL PSIQUIATRA Alejandro Pérez, del Instituto de Medicina Legal, aseguró que entre el 20 y 30% de la población penitenciaria requiere de algún tipo de tratamiento sicológico o psiquiátrico por el consumo de drogas.
Sin embargo, aseguró que en la actualidad el Sistema Penitenciario no cuenta con los servicios de un solo psiquiatra, por lo que aquellos pacientes que se les detecta algún síntoma relacionado con este tipo de enfermedades, son enviados al Hospital Santo Tomás.
Allí - enfatizó - se les realiza algún tipo de evaluación y se les da un breve tratamiento, al que usualmente no se le da seguimiento por la falta de personal y el incumplimiento de las citas por parte de los internos. En la mayoría de las ocasiones no hay transporte para trasladarlos o simplemente deciden no acudir a la cita.
Pérez aseguró que en la actualidad no existe un plan de tratamiento o evaluación de los reos que presenten problemas mentales o un programa de resocialización que permita mantener algún grado de ocupación a los detenidos.
En las cárceles es necesario tener un equipo multidisciplinario de evaluación y para la clasificación de los detenidos, pero admitió que hacen falta recursos y una buena planificación que en estos momentos no existe.
Criticó la reclusión de internos en celdas de castigo, ya que ello incide gravemente en el bienestar mental de los internos, porque se la añade una situación a su condición de detenido.
Estimó que estas son prácticas que deben ser abolidas por las autoridades y en su lugar adoptar estrategias de ocupación para evitar situaciones de ocio que pueden conducir a enfrentamientos.
El psiquiatra Thomas Isaza Lay, también del Instituto de Medicina Legal, argumentó que hay muchos internos que podrían recibir un tratamiento en el ambiente carcelario y que pueden llegar a recuperarse, si se les da el debido seguimiento y las alternativas laborales o educativas que sirvan como válvula de escape.
Alegó que sólo del 2 al 3% de los condenados a prisión presentan una enfermedad mental grave, ya que la mayoría son detectados durante el proceso de instrucción sumarial y son declarados inimputables y son enviados al Instituto de Salud Mental (ISAM).
En caso que el reo desarrolle la enfermedad posterior a su condena, la pena es suspendida temporalmente y se le somete a tratamiento. Una vez recuperado el interno vuelve al centro penitenciario a cumplir su condena.
Por su parte, el ex director del Sistema Penitenciario Nacional, José Calderón, admitió que el sistema se encuentra en una situación "caótica" y que las situaciones registradas en las últimas semanas en las cárceles, son un reflejo de los graves problemas que existen allí.
"En la actualidad las autoridades sólo cuentan con buenas intenciones, pero esto no es suficiente para dar respuesta a cientos de hombres y mujeres que requieren de un tratamiento humano", enfatizó.
Calderón sostuvo que la mayoría de las enfermedades mentales o psiquiátricas, no implican la capacidad de distinguir entre bien y el mal ni de pensar y la mayoría de los internos en Panamá tienen algún tipo de padecimiento de esta índole.
"La cárcel puede hacer perder el equilibrio emocional a una persona sana y puede causarle situaciones de estrés", afirmó.
La mezcla de no condenados con procesados, enfermos mentales y personas con SIDA, producen "un panorama triste, sombrío, lamentable, dramático" en las prisiones de Latinoamérica, ha señalado con anterioridad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han conocido muerte de enfermos mentale por torturas, pero no precisaron en qué países.
En Europa también existe el problema, en los últimos años aumentó el número de enfermos mentales en las prisiones.
El 30% de los reos necesitan tratamiento psicológico
Conocidos psiquiatras rechazan las celdas de castigo por ser violatorias a los derechos humanos.