Después de 13 meses, la Fiscalía de Drogas de Herrera y Los Santos solicitó el llamamiento a juicio para tres de los cuatro supuestos narcos liberados de forma ilegal con la complicidad de altos funcionarios del Ministerio Público, en diciembre del 2010.
La vista fiscal de las investigaciones seguidas por el hallazgo de una avioneta con residuos de droga fue remitida al Juzgado Segundo de Circuito de Los Santos.
El documento enviado por la fiscal Marta Barrios, los primeros días de este mes, solicitó responsabilidad penal para Miguel Ángel Castillo Domínguez, Abelino Valdés y George Antonio Guillén Burgos, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, posesión ilícita de armas, posesión y tráfico de drogas.
Barrios pidió, además, la extinción de la acción penal para Miguel Ángel Castillo Peralta, quien falleció en marzo estando prófugo de la justicia.
En su opinión fiscal, Barrios manifestó que existen suficientes elementos que vinculen a estas personas con los cargos que se les imputan.
La investigación de este caso se inició en agosto del 2010. Para noviembre de ese mismo año, los cuatro implicados en este expediente fueron puestos en libertad por órdenes de la destituida fiscal de drogas, Milagros Valdés.
En diciembre del 2010, Valdés es detenida y estalló el escándalo que sacudió al Ministerio Público e implicó a la exfeja de recursos humanos de la institución, Eva Lorentz, un abogado particular, José Ballesteros, la exsecretaria del Ministerio Público y actual fiscal superior de Chiriquí, Nedelka Díaz, su hijo Ángel Castillo Díaz, por la ilegal liberación de estos supuestos narcos.
Corrupción.
En el mes de septiembre, la Fiscalía Auxiliar de la República solicitó llamar a juicio a Lorentz por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de funcionario público y violación de sellos públicos. Mientras que para Valdés, Ballesteros, y los prófugos de la justicia Castillo, Guillén Burgos y Ríos, pidió responsabilidad penal por el delito de corrupción de funcionarios públicos. Mientras que para el caso de Díaz y su hijo Ángel Castillo se pidió un sobreseimiento provisional.
Este expediente reposa en el Juzgado Cuarto Penal, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo remitiera a esta instancia, toda vez que Díaz ya no ocupa un cargo con mando y jurisdicción a nivel nacional.
Fianzas.
De este caso se desprende otro expediente por el uso de fincas inexistentes para consignar las fianzas de excarcelación fijadas en 100 mil dólares, a Lorentz, Ballesteros y Valdés.
Por este proceso, la Fiscalía Auxiliar solicitó al Juzgado Cuarto de lo Penal la cancelación de las fianzas de excacelación, porque fueron consignadas utilizando dos terrenos inexistentes, sobrevalorados y con irregularidades en las inscripciones. Sin embargo, el Juzgado Cuarto Penal no ha procedido con la cancelación de estas fincas solicitada hace cinco meses.
