Sólo en lo que va de este año, el Estado panameño ha recibido demandas por más de B/. 200 millones, que se unen a los B/. 244 millones tramitados hasta el 2006.
Estas demandas involucran a entidades estatales que supuestamente incumplieron con sus deberes y ocasionaron daños y perjuicios a particulares.
Entre estas figuran la Policía Nacional, la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Hospital Santo Tomás, entre otras.
Otras demandas contra el Estado han sido presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cortes de justicia.
Aquí se puede señalar la demanda de los ex trabajadores del Instituto de Recursos Hudráulicos y Electrificación (IRHE) destituidos con la Ley 25 y la presentada por el francés Laurent Parienti por incumplimiento de contrato por la construcción de una terminal de transporte en la provincia de Colón.
También el Estado mantiene reclamos por más de B/.600 millones en acciones judiciales por la existencia de bienes ocultos.
Las demandas incluyen procesos contra empresas transnacionales como Cable & Wireles, la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la telefónica Movistar.
La fiscalía de Asuntos Civiles debe hacer frente a estos procesos para recuperar fondos que se presume pertenecen al Estado panameño.
También la Procuraduría de la Administración representa al Estado en varios procesos contencioso administrativo, ante la Sala Tercera de la Corte.
Existen procesos como la ubicación de lingotes de oro, con un peso de 1492 kilos, que supuestamente fueron sacados del país y enviados a Ecuador por miembros de las Fuerzas de Defensa.
En este caso el denunciante no ha acudido a la fiscalía a reiterar su denuncia por padecer una enfermedad terminal.
Este expediente se encuentra en fase de investigación y corre el peligro de quedar sin culminar.
El pasado mes la fiscalía presentó una demanda por B/. 7 millones contra la empresa F. Icaza y el consorcio colombiano Hidrotec por la mala realización de un estudio para la realización del proyecto de riego Remigio Rojas, en Alanje, Chiriquí.
Entre los expedientes archivados por supuestos bienes ocultos se mencionan las empresas ICA, Cable & Wireless, y Chiquita Brands, el Banco Nacional de Panamá, la Contraloría General de la República, al igual que supuestas cuentas bancarias en los bancos de Hong Kong, Shangai, Comercial Bank y HSBC.
Los reportes también señalan que el abogado Francisco Barba Hart denunció, el 15 marzo de 2000, a la empresa mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), por el cobro excesivo de peaje.
Según el abogado, ésta permaneció engavetada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la administración del ex ministro Norberto Delgado.
Hart denunció que cuando se inició el cobro ICA cobraba 10 centésimos de más por el recorrido completo en el Corredor, el cual debía ser de 90 centésimos a más de 30 mil autos diarios. Estos procesos tardan años en resolverse por la lentitud en el trámite.
El Corredor Sur se construyó, en la administración presidencial de Ernesto Pérez Balladares.
