Estados Unidos (EU) otorgó ayer a Panamá la máxima calificación en la lucha antidrogas, a pesar de que advirtió que este país es un punto de "gran tráfico de drogas" hacia Norteamérica, que es atractivo para el lavado de dinero y que existe "corrupción" en el sistema judicial y policial.
El director de la Oficina Nacional de Lucha contra las Drogas de EU, Barry McCaffrey, elogió la lucha que adelanta Panamá contra el narcotráfico, pero señaló que el Centro Bancario de Panamá y la Zona Libre son una amenaza para su país, ya que son puntos para el tráfico de drogas en Centroamérica.
McCaffrey, en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, manifestó que Panamá en su combate contra el narcotráfico "se encuentra por un buen camino", debido a que ha hecho grandes avances para contrarrestar a los delincuentes que se dedican a este ilícito.
Sin embargo, expresó que la posición geográfica de Panamá es una amenaza para EU, porque los narcotraficantes utilizan la ventajosa posición geográfica de Panamá para traficar droga hacia EU.
Por otra parte, el Reporte sobre la Estrategia Internacional del Control de Narcóticos que envió el presidente Bill Clinton al Congreso, reitera que el uso del territorio panameño como puente hacia los mercados norteamericanos y globales está aumentando por su cercanía a los países productores y la "pobre" seguridad que las autoridades dan a las fronteras y los mares.
El reporte, al que tuvo acceso El Panamá América, agrega que la apertura comercial, el uso del dólar como moneda de curso corriente y la existencia de la Zona Libre de Colón y el Centro Bancario, hacen de Panamá un lugar atractivo para el lavado de dinero, aunque señala que es difícil precisar el monto.
Indica que Panamá se ha convertido en un país consumidor de droga, pero aclara que no produce estupefacientes ni precursores utilizados en su elaboración.
El documento advierte que la Ley que pasó el control de la Policía Técnica Judicial (PTJ) de la Procuraduría de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, afecta en forma "adversa" la lucha antidrogas que realiza Panamá, ya que el sistema judicial ha sido susceptible a la "manipulación política y las amenazas".
Afirma que persiste la corrupción y manipulación política en el sistema judicial, la PTJ y la Policía Nacional.
Sostiene que el Ejecutivo interviene en el Organo Judicial, a pesar de que la Constitución Nacional sostiene que esta dependencia del Estado es independiente.
De acuerdo con el informe, una prueba de la manipulación política del sistema judicial en Panamá, es la absolución que logró Pedro Miguel González, por la "influencia" de su padre el presidente del gobernante PRD y de la Asamblea Legislativa, Gerardo González.
Afirma que Gerardo González logró la absolución de su hijo en el juicio por el asesinato del soldado estadounidense, Zak Hernández, luego de reunirse antes del juicio y por espacio de 50 minutos con la jueza que llevaba el caso. Asegura que después de que Pedro Miguel fue liberado de cargos, el sistema judicial, a través evidencias "un poco oscuras", enjuició y condenó al exjefe de la PTJ que investigó a González, Jaime Abad.
"En ese caso se ve claramente la manipulación por intereses", destaca.
Pone como ejemplo además la Ley que aprobó la Asamblea Legislativa para que los funcionarios de más de 75 años se retiren del servicio público, sobre la cual, asegura, que fue pasada para lograr la destitución indirecta del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Faúndes.
El documento dice que el gobierno usó este recurso al fracasar en sus intenciones de lograr el quórum reglamentario en el Asamblea para destituir a Faúndes y sostiene que su retroactividad hace dudar sobre su constitucionalidad.
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