Conflicto. Volvemos a referirnos hoy a la disputa surgida entre el Tribunal Electoral y el Tribunal Administrativo primero y la Contraloría General después, sobre la adjudicación de manera directa, a la firma L1 Identity Solutions, de un contrato millonario para ampliar y modernizar el sistema de identificación ciudadana.
Principio. Las reglas sobre la que está basada toda la estructura legal de la contratación pública, se supone que garantizan a un “Estado Ganador” en cada uno de los negocios en los que el gobierno, en nombre y representación de todos, compromete los recursos públicos en aras de solucionar algún problema.
Revisión. Según el Tribunal Electoral, a pesar de otorgarse en forma directa la adjudicación en comento, la misma le ofrece al Estado ahorros sustanciales en comparación con los precios ofrecidos por quienes participaron en el acto público anulado. Habrá que revisar en qué se está fallando para que esto ocurra.
