Ha pasado un mes desde aquella tarde del 9 de octubre, cuando un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el país y cambió la vida de miles de familias en las provincias centrales. Aunque la actividad sísmica ha disminuido, para quienes perdieron sus viviendas la emergencia está lejos de terminar.
En las comunidades afectadas, continúa la incertidumbre de las familias que aún viven en las carpas o refugios temporales. Si bien los censos para evaluar los daños avanzan, hay personas que esperan una segunda inspección o respuesta concreta del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
En Los Pozos, provincia de Herrera, el alcalde Omar Bultrón informó que en los nueve corregimientos del distrito se contabilizan preliminarmente más de 2,000 viviendas afectadas.
Bultrón sostiene que incluso esta cifra es preliminar, debido a que las autoridades mantienen el levantamiento del censo para determinar el alcance de los daños. Incluso han pedido apoyo a otras instancias.
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de octubre de 2026, un terremoto de 7.5 cambió la vida de miles de panameños en las provincias centrales.2
mil viviendas preliminarmente en Los Pozos han quedado inhabitables.
El funcionario explicó que el Gobierno central ha enviado asistencia a través del Miviot y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), cuyos equipos realizan las inspecciones. Sin embargo, la mayoría de los corregimientos presenta zonas montañosas y de difícil acceso, con viviendas dispersas.
Bultrón indicó que en el distrito se mantienen unos 30 albergues distribuidos en los nueve corregimientos. Las familias esperan una solución temporal donde permanecer mientras les construyen o reparan las viviendas.
Esta crisis tiene rostros e historias como la de Ramón Corrales, residente de El Piro, en los Pozos, quien tiene una discapacidad física y perdió el hogar que compartía junto a su hijo de tres años y esposa.
Después del sismo, esta familia pasó los primeros cinco días durmiendo dentro de un automóvil, debido a que las paredes de su vivienda quedaron debilitadas y representaban un peligro para ellos.
Ante el temor de que las réplicas ocasionaran un accidente que pusiera la vida de su hijo en riesgo, Corrales decidió demoler la estructura. Según relató, el personal del Miviot pasó por su comunidad el día 13 de octubre; desde entonces no han regresado. En este momento, una empresa privada le está construyendo una solución habitacional más segura que la carpa que habitaba.
La vida también cambió para los residentes de La Tolloza, corregimiento de El Marañón, en el distrito de Soná.
Edith Méndez, residente de esta comunidad, expresó que le preocupan las condiciones en que vive su madre, una mujer de 75 años encamada, tras perder su hogar que compartía con su esposo de 76 años.
Méndez contó que tuvieron que abandonar la tienda de campaña donde se habían instalado, porque cada vez que llovía se mojaban los colchones y sus pertenencias.
A este caso se suma el de su suegra, una adulta mayor de 84 años que también perdió su propiedad. Por el momento, asegura que la única intervención ha sido la colocación de una cinta roja en las casas de su madre y su suegra, sin que hayan recibido otra visita de las autoridades.
Mientras esperan una respuesta, la familia improvisó un rancho con hojas de zinc para que los adultos mayores puedan descansar y protegerse de las inclemencias del clima.
Las familias de estas comunidades necesitan un lugar seguro donde dormir, cuidar a sus hijos y proteger a los adultos mayores. Para ellos los riesgos se mantienen cada día mientras esperan un hogar.
