El programa “Impulsa Panamá”, que busca mejorar la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), pende de un hilo por la negativa del Contralor Carlos Vallarino de refrendar dos adendas a los contratos para su ejecución.
Fuentes de la Contraloría consideran que hubo “usurpación de funciones” del ministro designado de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, quien mediante una nota personal solicitó que se apruebe un contrato millonario que está pendiente en el Consejo Económico Nacional (CENA).
Pero la ministra saliente, Gisela Álvarez de Porras, y Henríquez se unieron para que Vallarino refrende esos contratos, debido a que la negativa “afecta la economía del país y al propio programa”.
Panamá Américatuvo acceso a una nota enviada por Henríquez a la actual viceministra de Economía, Enelda de González, en la que le solicita que presente al CENA "su opinión favorable a la extensión del contrato" de la adenda 2, con la empresa alemana GFA Consulting Group GmbH.
Relación.
GFA, que ganó la licitación por B/ 20 millones, por un periodo de cuatro años, tiene un contrato de fideicomiso con la empresa FMM Trust S.A., cuyo presidente es José Raúl Mulino, ministro designado de Gobierno y Justicia.
La solicitud la hizo Henríquez en una nota fechada el 19 de junio, es decir, a doce días para que entre en vigencia el próximo gobierno.
Sin embargo, tanto Mulino como Henríquez niegan que tengan intenciones oscuras para la aprobación de estos contratos que esperan desde el mes de abril ser avalados.
FMM Trust, creada el 2 de enero de 2008, lleva las iniciales de la firma de abogados Fábrega, Molino & Molino.
Defensa.
Incluso, la todavía ministra de Comercio asegura que Henríquez actuó de buena fe al escribir la nota.
Manifestó que hace varios meses, el MICI solicitó el refrendo a Vallarino, pero que éste advirtió que requería de una certificación de conocimiento del próximo ministro sobre el trámite que se realizaba.
“Solicitamos a Henríquez que manifestara que había estado informado sobre el trámite”, dijo.
Álvarez de Porras señaló que la demora afecta a 174 pequeñas y medianas empresas que han estado tramitando con el programa y que necesitan una respuesta.
Pero fuentes de la Contraloría aseguran que “nunca” pidieron este visto bueno del nuevo gobierno, y el propio Henríquez señala que no sabe nada de la supuesta solicitud.
Henríquez aseguró que “cumplió” con Porras al emitir la nota, pero que “existe un gran misterio” sobre las razones por las cuales el Contralor no refrenda los contratos.
“No da razones reales. Lo que pasa es que simplemente no los quiere refrendar”, sentenció.
Mientras, Mulino aseguró que ganó la licitación de manera “transparente” como compañía fiduciaria.
Programa.
Impulsa Panamá es financiado principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Su primera fase costará B/ 97 millones entre 2008 y 2014. De estos dineros, el 52,5% será proporcionado por el BID; el 38,1% por el Gobierno y el 7,8% será del sector privado local. Además contará con el aporte del 1,6% de la cooperación japonesa.
El apoyo a las empresas se dará en los planes de negocio, tecnología, comercialización, líneas de crédito, sistemas de calidad y certificación.
En el ambiente, quedan dudas como del porqué Henríquez como ministro designado no esperó a entrar en función para hacer la solicitud de refrendo de estos contratos.
